CDMX
El presidente Andrés Manuel López Obrador, se pronunció contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que esta última invalidara el decreto sobre obras prioritarias del gobierno de México, acusando que "a la Corte ya la perdimos".
Lo anterior lo externó en el marco de su conferencia mañanera de Palacio Nacional, donde también refirió que los integrantes de la misma no defienden a la Constitución, sino que por el contrario la “violan”.
La Corte como se dice coloquialmente, ya la perdimos. Siempre había estado alejada del pueblo y cercana al poder, aunque ahora de manera descarada está al servicio de los potentados, violentando la Constitución”, comentó el presidente de México.
En este contexto, el político tabasqueño apuntó que ya se esperaba lo sucedido con la SCJN sobre los fallos para frenar a su administración en la construcción de las obras en el sureste del país.
Indicó que todos los amparos que se solicitaron en contra de estos proyectos se promovieron por “un grupo vinculado a los jueces, ministros y magistrados” del Poder Judicial.
López Obrador identificó al ministro en retiro José Ramón Cossío como parte de la asociación de abogados que se dedicó a promover amparos en contra de sus obras. Mencionó a la asociación Litigio Estratégico y también a Gerardo Carrasco, cuyo nombre, dijo, aparece en todas las demandas de amparo.
¿Qué invalidó la Suprema Corte?
El día de ayer, la SCJN invalidó el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador que blindaba la información de las obras con sello de la Cuarta Transformación (4T) al considerarlas como de “seguridad nacional e interés público”.
Entre los proyectos que se incluían en el “decretazo” estaban la construcción del Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum.
Con 6 votos a favor, el Pleno del máximo tribunal resolvió la controversia constitucional emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), pues el decreto presidencial le impedía cumplir su función debido a la opacidad en torno a los costos de las obras, responsables y licitaciones de las mismas.