Arizona
Una iniciativa de ley que pretende hacer legal matar inmigrantes si estos traspasan la propiedad privada avanza por el Congreso de Arizona, controlado por el Partido Republicano. La polémica norma modifica una ley vigente, conocida como la doctrina Castle, y justifica el uso de fuerza letal contra cualquiera que invada un terreno, propiedad o casa. La gobernadora demócrata del Estado, Katie Hobbs, ha prometido vetar la ley si ésta es aprobada por el Senado estatal.
La House Bill 2843 (HB 2843) quiere expandir los derechos de los terratenientes de Arizona ante el incremento de migrantes procedentes desde México. La doctrina Castle permite el uso de fuerza letal en contra de quien invada una propiedad o tenga la intención criminal de hacerlo. Como está redactada ahora, la ley requiere que el agresor esté también en una estructura “adaptada para la residencia o el alojamiento de una persona”, sin importar si esta está ocupada o no. Es decir, que ingrese a un hogar.
El legislador republicano Justin Heap quiere abrir la interpretación de la doctrina. Su propuesta es modificar un puñado de palabras del texto original para hacerla más permisiva al uso de la fuerza. En cursiva, los cambios propuestos: “Para el propósito de esta sección, las posesiones significan cualquier propiedad o estructura, móvil o inmóvil, permanente o temporal, adaptada para ya sea como residencia o alojamiento, esté o no ocupada”.
“Si un granjero es propietario de un rancho de 4,000 hectáreas, quizá su casa está a dos kilómetros de donde él está, pero si ve alguien en su propiedad, ¿puede acercarse a él y expulsarlo de su propiedad? Propongo una enmienda para poder corregir esto”, aseguró Heap el pasado 14 de febrero a los integrantes del Comité judicial. El representante de Mesa, suburbio de Phoenix, aseguró que el objetivo de su propuesta era corregir un vacío de la norma que ha llevado a un “creciente número de inmigrantes y traficantes de personas que están moviéndose por ranchos y granjas”.
La semana pasada, la Cámara Baja del Congreso local votó una serie de duras medidas para frenar el flujo migratorio que llega al Estado fronterizo. Los legisladores demócratas han considerado que las normas aprobadas por la mayoría republicana se basan en la polémica SB 1070, una polémica norma que criminalizó a los indocumentados en 2010 y que después fue dejada sin efecto después de varios recursos judiciales federales.
La propuesta de Heaps llega días antes de que los tribunales de Arizona lleven a cabo un juicio que cobrará atención nacional. George Alan Kelly, un ranchero de 73 años, estará en el banquillo el 21 de marzo acusado de homicidio en segundo grado. Kelly disparó en enero de 2023 contra un grupo de migrantes que cruzaba su rancho a las afueras de Nogales. En el incidente murió Gabriel Cuen Buitimea, de 48 años.
Los sectores radicales y de ultraderecha consideran a Kelly un héroe que defendió el territorio estadounidense de una invasión. Los fiscales, sin embargo, argumentan que Kelly fue movido por el racismo. El proceso se iba a llevar a cabo el año pasado, pero una serie de mociones en los tribunales lo fue postergando hasta esta primavera, donde se llevará a cabo en plena campaña electoral donde la inmigración desde México ocupa una de las preocupaciones más altas de los votantes.