La maquinaria electoral estadounidense se está encendiendo nuevamente, y con ella, las promesas y las tensiones se intensifican. Donald Trump, el presidente electo, ya ha comenzado a dar pasos concretos para llevar a cabo su agenda, y una de las áreas que promete revolucionar es la política migratoria.
Las deportaciones masivas, una de las piedras angulares de su campaña, vuelven a estar sobre la mesa, y para ello, el presidente electo recurre a herramientas legales existentes.
Entre ellas destaca la Sección 212(f), una vieja regla que otorga al presidente amplios poderes para modificar la ley de inmigración sin pasar por el Congreso. Esta herramienta, que Trump ya usó en su primer mandato, le permitió firmar órdenes ejecutivas para la construcción del muro fronterizo y la prohibición de las ciudades santuario, decisiones que dejaron profundas huellas en la vida de miles de familias. La separación de familias en la frontera, un hecho que aún conmueve a la sociedad, fue una consecuencia de la aplicación de esta poderosa sección.
Tom Homan, quien se desempeñó como director interino de ICE durante el primer gobierno de Trump y fue un ferviente defensor del control fronterizo, ha sido designado por el presidente electo como responsable de la política migratoria. Homan es conocido por su enfoque duro y su experiencia en la unidad de arrestos y expulsiones (ERO) de ICE, donde, durante la administración de Barack Obama, dirigió las deportaciones de más de 2.6 millones de indocumentados.
Las declaraciones del gobernador de Texas, Greg Abbott, sugieren que las deportaciones comenzarían por los criminales extranjeros, y después se extenderían a otros inmigrantes. Sin embargo, el presidente electo no ha precisado cómo justificaría la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una ley que data de la época colonial y que solo se ha utilizado en tiempos de guerra, para llevar a cabo su plan.
Organizaciones defensoras de los derechos civiles han expresado su preocupación por la amenaza de deportaciones masivas, y la posibilidad de que se utilice una ley histórica para justificar un plan de expulsión que afectaría a millones de personas. El impacto que tendrá la aplicación de la Sección 212(f) en la vida de miles de inmigrantes, la posibilidad de nuevas separaciones familiares y el destino de los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos son interrogantes que siguen flotando en el aire.