Arizona: Tensión Migratoria y Desacuerdo entre Alguaciles
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Leonora LagardaLa proximidad a la frontera con México intensifica la expectativa. En el corazón de este debate se encuentran figuras clave como Laura Conover, fiscal del Condado Pima, quien declaró tajantemente: “Si hay algo que va a ser una violación de la constitución vamos a pelear y discutir en la corte”. Su postura refleja una firme oposición a cualquier medida que considere inconstitucional.
Esta postura es secundada por Chris Nanos, alguacil del Condado Pima, un condado con una población hispana cercana al 50%. Nanos, al igual que Conover, ha dejado claro que su oficina no participará en redadas o deportaciones masivas. Sus declaraciones enfatizan el compromiso de no destinar recursos a este tipo de operativos.
Sin embargo, la perspectiva no es uniforme. Jerry Sheridan, el recién electo alguacil del Condado Maricopa, adopta un enfoque diferente. “Bueno, no tienen nada de qué preocuparse por parte de la oficina del sheriff del condado de Maricopa a menos que cometan un delito estatal,” afirmó Sheridan, aclarando que su prioridad se centrará en la aplicación de la ley estatal, independientemente del estatus migratorio de los individuos.
En cuanto a la Proposición 314, aprobada en las elecciones de noviembre y que autoriza a las autoridades locales a realizar labores migratorias, Sheridan confirmó que no la aplicará en su condado, justificando su decisión en el enfoque prioritario en asuntos fronterizos. Este punto resalta las diferencias de interpretación y aplicación de las leyes a nivel local.
Por último, David Hathaway, alguacil del Condado Santa Cruz, ubicado cerca de la frontera, ha expresado públicamente su oposición a la medida, calificándola de “anticonstitucional para la policía local, para los sheriff actuar como agentes de la patrulla fronteriza”. Sus declaraciones muestran una resistencia clara a la idea de que las fuerzas policiales locales asuman funciones federales de inmigración.
La situación sigue siendo compleja. A pesar de las fuertes declaraciones y las diferentes posturas de las autoridades, la falta de una ley federal que faculte a las autoridades locales a deportar o arrestar por estatus migratorio mantiene la incertidumbre sobre el futuro.
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