Los oficiales, integrados en un patrullaje multinstitucional, identificaron a Luis Alfonso Hernández Félix y Jose Romario Zazueta Valenzuela como los presuntos responsables. Según el expediente judicial, ambos portaban armas de fuego: una pistola Glock 9mm y otra de calibre .45, las cuales "dispararon sin precaución, poniendo en riesgo a civiles en el área". El informe destaca que no había barreras de seguridad que contuvieran los proyectiles.
Durante el interrogatorio, realizado en español, los detenidos admitieron que las armas no eran de su propiedad. "Las prestaron unos amigos", declararon, aunque no proporcionaron nombres ni detalles sobre quiénes se las habían facilitado. Lo que sí quedó claro es que ninguno de los dos contaba con estatus migratorio legal en Estados Unidos, un factor clave en las acusaciones.