Según versiones preliminares, el hombre, identificado como José Luis Márquez, 32, había sido trasladado desde el Centro de Detención del Condado de Pima tras sufrir una crisis convulsiva. Los registros del hospital indican que llevaba más de 72 horas sin medicación para su epilepsia, algo que su abogado defensor asegura fue ignorado por el sistema penitenciario. En la sala de emergencias, según testigos, comenzó una discusión con un oficial de correcciones —una mujer de más de 15 años de servicio— por la negativa a permitirle un vaso de agua mientras esperaba su evaluación neurológica.
Lo que siguió fue rápido. Testimonios contradictorios hablan de un movimiento brusco, de una mano que se deslizó bajo la camisa. La oficial, según el informe inicial del Equipo Regional de Incidentes Críticos, activó su arma de servicio tras percibir una amenaza inminente. El proyectil impactó en el tórax. Márquez cayó. Los médicos lucharon durante 22 minutos. No hubo recuperación.
El incidente no fue aislado. Es el noveno disparo de un oficial en el sur de Arizona este año —y el primero que ocurre dentro de un centro hospitalario—, pero sí el primero en el que el sujeto no tenía antecedentes de violencia armada, sino de trastornos neurológicos y negligencia médica prolongada. En abril, en la Interestatal 10, una mujer murió tras cargar un cuchillo; en agosto, un hombre fue abatido tras disparar más de cuarenta veces. Pero Márquez, según su historial médico, no tenía registro de armas ni de agresiones físicas. Solo de hospitalizaciones, de faltas de medicación, de un sistema que lo olvidó hasta que lo llevó a morir en una camilla.
El departamento del sheriff insistió en que “la seguridad del personal y del entorno clínico es prioritaria”. Pero en las paredes del hospital, los empleados que no quisieron dar su nombre hablan de otra cosa: de protocolos que no existen para pacientes con discapacidad mental en custodia, de guardias que no reciben entrenamiento en crisis psiquiátricas, de órdenes que priorizan el control sobre la curación. “No se trata de si disparó o no”, dijo una enfermera que trabajaba esa tarde. “Se trata de por qué estaba aquí con esa carga, y por qué nadie la vio venir”.
La investigación ahora corre a cargo de la Policía de Oro Valley, con apoyo del Departamento de Policía de Tucson. Se revisan cámaras de seguridad, registros de medicación, comunicaciones entre la prisión y el hospital. Pero ya hay algo que no se puede borrar: el cuerpo de Márquez fue retirado de la sala de emergencias con las esposas aún puestas. Y en la puerta, una enfermera dejó una bolsa con su ropa. Dentro, un frasco vacío de carbamazepina. La etiqueta decía: “Tomar cada 12 horas”. La última dosis fue administrada hace 8 días.