Ella depende del Affordable Care Act desde que perdió su cobertura laboral hace dos años. Ahora, con la puerta del Congreso cerrada y los créditos fiscales al borde de desaparecer, su plan de $120 mensuales podría saltar a más de $400.
Según datos del Departamento de Salud de Arizona, cerca de 400,000 personas en el estado están a punto de entrar en el periodo de inscripción abierta —un plazo crítico que comienza el 1º de noviembre—, pero sin certeza sobre los precios. La incertidumbre no es solo técnica: es emocional, es de supervivencia.
Los subsidios aprobados durante la pandemia —que cubrían hasta el 85% de las primas para muchos hogares de ingresos medios— estaban programados para expirar a finales de año. Pero ahora, la parálisis política ha convertido esa fecha en una bomba de tiempo. Los demócratas exigen su extensión como condición para reabrir el gobierno; los republicanos, insisten en que primero se levante el cierre, y luego se hable de salud. Entre medio, las familias se quedan sin respuestas.
En los centros comunitarios de salud, como los que dirige la Arizona Alliance for Community Health Centers, el estrés se siente en el aire. Claudia Maldonado, coordinadora de acceso a servicios, cuenta que ya han visto un 37% de aumento en consultas de pacientes que temen perder su cobertura. No son casos aislados:
En los municipios más alejados, donde el internet es lento y los agentes de inscripción escasean, los residentes confían en lo que les dicen en la farmacia, en el salón de belleza, en la iglesia. Algunos dicen que “el gobierno se olvidó de nosotros”. Otros, que “esto es lo que pasa cuando los políticos juegan con vidas”.
El 15 de diciembre es la última fecha para asegurar cobertura desde el 1º de enero. Pero sin una señal clara de Washington, muchos no saben si inscribirse, si ahorrar, si renunciar.