La respuesta llegó, pero no desde Washington. Desde Phoenix, la gobernadora Katie Hobbs movió casi $2 millones en fondos sobrantes de la pandemia —dinero que ya no servía para pruebas de COVID, pero que sí puede salvar una comida— para evitar que miles de familias se queden sin nada. El 83% de ese monto, $1.5 millones, irá directo a las redes de bancos de alimentos, quienes ya atienden a más de 770,000 personas al mes. “Estamos en modo de rescate”, confesó April Bradham, presidenta de la Red de Bancos de Alimentos de Arizona. “No pedimos soluciones políticas. Pedimos pan. Y no podemos esperar hasta que el Congreso se acuerde de que existimos”.
El otro 17%, $300,000, se convirtió en algo inédito: un voucher de $30 por hogar para comprar frutas, verduras y proteínas frescas en mercados móviles, ferias locales y tiendas comunitarias. No es dinero para comida procesada. Es dinero para que un niño coma algo que no venga en una lata. “No queremos que la gente solo sobreviva”, dijo una trabajadora social en el mercado de South Phoenix. “Queremos que tenga energía para ir a la escuela, para trabajar, para no perderse en la desesperanza”.
El corte de los beneficios de Snap está programado para este viernes. Millones en todo el país lo saben. Pero en Arizona, donde el 1 de cada 5 habitantes depende de algún tipo de asistencia alimentaria, el impacto es más profundo. Las escuelas públicas ya preparan desayunos y almuerzos extras para los días en que los padres no lleguen con el paquete de alimentos. Las iglesias abren sus salones como centros de distribución. Los restaurantes, desde cadenas hasta taquerías de barrio, han empezado a repartir comidas gratuitas con un simple letrero: “Comida para quien la necesite. Sin preguntas”.
En Washington, el debate sigue siendo un ping-pong de acusaciones. Los demócratas hablan de “crimen contra la infancia”. Los republicanos responden que “el presupuesto no es un juego de cartas”. El Senado no se reúne. La Cámara tampoco. El secretario de Transporte advirtió que los controladores aéreos, sin salario desde hace semanas, están empezando a ausentarse. Y en una reunión privada, el vicepresidente J.D. Vance dijo que los militares recibirán su pago… pero no explicó cómo.
El presidente Trump sigue en Asia. Su equipo insiste en que no hay dinero para extender los beneficios. Pero los estados que demandan —entre ellos California, Nueva York y Illinois— presentaron documentos que muestran más de $12 mil millones en fondos disponibles en cuentas de emergencia federales. Nadie los ha usado. Nadie los toca. Mientras tanto, en una esquina de Tucson, una abuela de 72 años reparte bolsas de arroz y frijoles a vecinos que antes eran maestros, enfermeras y mecánicos. “Esto no es política”, dijo, mientras ajustaba un pañuelo en la cabeza. “Esto es lo que hacen las comunidades cuando el gobierno se olvida de que también son personas”.