La cifra, que al momento de la publicación se estableció en 2,800 empleados, equivale a la primera mayor reducción de personal en la historia de la organización responsable de la intervención temprana. Se presume que la disminución de personal será el resultado directo de la reestructuración financiera que la División de Desarrollo Infantil del Estado (DDD) deberá aprobar antes del cierre del año fiscal. Este ajuste llega a un momento en el que la demanda de terapias conductuales y apoyo domiciliario permanece en constante aumento.
Entre los afectados están mayormente terapeutas certificadas, trabajadoras sociales y cuidadores de domicilio, con un historial que abarca casi dos décadas de experiencia. El director de operaciones confirmó que la empresa no prevé interrupciones significativas en la prestación de servicios; sin embargo, señaló que las demoras en la emisión de financiamiento podrían generar brechas entre la salida del personal y la disponibilidad de nuevos colaboradores. "Mantendremos informados a los familiares sobre cualquier cambio operacional", explicó.
La noticia resonó especialmente en la familia de Jax Harrison, un joven de cinco años que, desde su diagnóstico preliminar de autismo severo combinado con ADHD, ha necesitado asistencia especializada en casa. La madre, quien residen en el Valle Verde, afirmó que las limitaciones para encontrar personal de calidad “se han vuelto más evidentes”. Cada terapia y cada sesión de cuidado, intricadamente adaptadas a la ocasión específica de su hijo, pueden inclinarse al vacío si la infraestructura no se mantiene al día.
La preocupación trasciende la esfera individual: varias organizaciones comunitarias están estudiando el impacto a largo plazo de los posibles recortes presupuestarios. Se teme que, sin la capacidad de contratar a reemplazos de la misma calidad, el paisaje educativo podría perder la delicada estabilidad necesaria para garantizar la continuidad del desarrollo infantil. Así, las familias se encuentran en una posición donde el acceso a “cundizaciones de tratamiento” ya no está garantizado.
En un anuncio oficial, la vicepresidenta de la entidad reiteró que los servicios para la comunidad seguirán funcionando “en la mayor medida posible”. No obstante, la vejez del personal en la compañía y la creciente demanda en el sector sugieren que la estructura actual se encuentra vulnerable ante la falta de fondos públicos.
Para el momento, la puerta de la incertidumbre permanece abierta, y la comunidad sigue esperando que la palabra de los organismos gubernamentales conserven la continuidad de estos compromisos críticos. El drama no ha terminado; más bien, se ha quedado bajo el horizonte de un próximo anuncio financiero.
