Una regla esencial del ejercicio de gobierno es la administración racional de los recursos públicos, que dé lugar a la eficiencia, la economía y la eficacia en la implementación de los programas gubernamentales. En los últimos años, la planeación del desarrollo ha dejado de ser un mero acto político, para convertirse en un verdadero proyecto de redistribución de la riqueza pública y con visión de futuro.
Con la llegada de la Cuarta Transformación, se han recuperado principios básicos como la honestidad, la austeridad republicana, la prohibición de los lujos con cargo al erario y el establecimiento del salario de la persona que ocupe la presidencia de la República como tope salarial de las y los servidores públicos. El expresidente Andrés Manuel López Obrador defendía estos principios con la frase “quien debe apretarse el cinturón es el gobierno, no la gente”.
Por lo tanto, el nuevo diseño institucional para el manejo responsable y transparente de los recursos públicos, permite que éstos se destinen a los propósitos del desarrollo económico y del bienestar social, a decir, la inversión en infraestructura pública (construcción y rehabilitación de carreteras, caminos, hospitales, escuelas, parques, etcétera), la estrategia de paz y seguridad pública, los programas de apoyo a la gente, entre otras prioridades.
Así, es una buena noticia el anuncio del gobernador Alfonso Durazo sobre la recuperación de la estabilidad financiera de nuestro estado, pues de ésta depende que las metas de gobierno se ejecuten de acuerdo con su planeación y existan las condiciones para que el gobierno siguiente pueda cumplir sus objetivos. Es decir, las finanzas sanas no solo resuelven problemas del pasado que afectan el presente, sino previenen problemas futuros.
Esta tarea podría verse tan sencilla, pero no lo es. Por ejemplo, en la administración de un hogar, si los gastos son superiores a los ingresos y la tarjeta de crédito se utiliza como si fuera dinero real, en el corto plazo, la jefa o el jefe del hogar tendrá dificultades para la compra de los productos de primera necesidad, el ahorro y la inversión, limitando sus ingresos al pago de las deudas y, por lo tanto, afectando la estabilidad del hogar en el futuro.
Así, la responsabilidad del Gobierno de Sonora sobre el gasto público está reflejándose en el aumento de los recursos que hoy se destinan a los programas de becas y otros apoyos directos —que en la Cuarta Transformación no son considerados un gasto, sino una inversión—; al igual que en los proyectos estratégicos que reúne el Plan Sonora de Energías Sostenibles, entre ellos, obras hídricas, carreteras y de energía.
El anuncio de la colaboración del Gobierno de Sonora y el Banco de Desarrollo de América del Norte mediante un comité de inversiones, es muestra de las finanzas sanas y de la certeza que garantiza la administración actual para el financiamiento y las inversiones públicas sostenibles.
Como el gobernador Alfonso Durazo dijo este miércoles: “no solo se trata de gastar menos, sino de gastar mejor”.
Lorenia Iveth Valles Sampedro - Senadora de la República