Luego de la jornada legislativa de la semana en el Senado de la República, este jueves asistí a un evento de presentación de la obra de la primera etapa de la extensión Altar de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, un proyecto que busca fortalecer la oferta de educación superior del Gobierno de Sonora en el noroeste de la entidad.
La obra contempla la construcción de cinco laboratorios especializados en Mecatrónica (semiconductores, automatización y robótica), Energías Renovables, Minas, Negocios y Mercadotecnia, además de un laboratorio paramédico, con los cuales se beneficiará a una matrícula de 350 alumnas y alumnos residentes de municipios como Altar, Átil, Caborca, Oquitoa, Pitiquito, Sáric, Trincheras y Tubutama.
En los gobiernos de la Cuarta Transformación, una de las prioridades educativas ha sido el aumento de la matrícula universitaria a través del incremento de la infraestructura educativa y de los programas de becas universales. Así, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometieron a crear las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García y las Universidades Rosario Castellanos, respectivamente.
En el caso de Sonora, desde la campaña al gobierno estatal y hasta el presente, el gobernador Alfonso Durazo ha declarado reiteradamente que él es un beneficiario de las becas, comprometiéndose a ser el mandatario que más recursos otorgue al programa Becas Sonora de Oportunidades, el cual hoy llega a más de 600 mil estudiantes.
En esta tónica, el presupuesto estatal que se destinará a la educación en 2026 asciende a 30 mil 500 millones de pesos, los cuales abarcan el financiamiento de instituciones educativas como la Universidad Tecnológica de Hermosillo y otras universidades tecnológicas que están formando a las nuevas generaciones de profesionales técnicos en áreas vinculadas a los sectores estratégicos; quienes, al egresar, podrán emplearse y contribuir a las industrias del Plan Sonora de Energías Sostenibles y el Plan México.
Entre los cambios a la Constitución mexicana que devinieron de la reforma educativa de 2019 se encuentra el reconocimiento de la obligatoriedad de la educación inicial a la media superior; no obstante, en cuanto a la educación superior, su obligatoriedad es progresiva, siendo responsabilidad de las autoridades federal y locales el establecimiento de políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad.
Siendo diputada federal en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, tuve oportunidad de formar parte de los trabajos para la aprobación de esta reforma constitucional, que es valiosa porque da la pauta para que los gobiernos se comprometan con la promoción del derecho de las y los jóvenes a la educación universitaria, incluidos aquellos que viven lejos de las capitales y de los centros urbanos.
La importancia de proyectos como la obra de extensión educativa de la UTH radica en que se invierte la fórmula del acceso a la educación: en lugar de que las y los estudiantes deban dejar su hogar y su familia para ir a estudiar a la capital —con todo y los gastos económicos que hacerlo representa—, la universidad se acerca a las y los jóvenes para que estudien en su región y, desde luego, que los nuevos profesionistas contribuyan al desarrollo de sus propias comunidades.
Como mujer beneficiaria de la educación pública, mi sueño y mi compromiso es que ningún joven se quede sin estudiar.
Lorenia Iveth Valles Sampedro - Senadora de la República