Esta semana me encuentro en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en París, Francia, formando parte de los trabajos de la Reunión Plenaria de la Red Parlamentaria Global, la cual es presidida por el secretario general de este organismo multilateral, Mathias Cormann, y cuenta con la participación de legisladoras y legisladores de los Estados Parte, al igual que especialistas en materia económica, social, ambiental y tecnológica.
La OCDE es una organización multilateral fundada en 1961 agrupando a economías desarrolladas y emergentes; actualmente, está intregrada por 38 países, entre ellos, México, que se adhirió en 1994. El propósito de este foro es promover estándares internacionales en la implementación de las políticas públicas desde una perspectiva de gobernanza global.
En mi calidad de presidenta de la Comisión de Minería del Senado de la República, participé en el foro de diálogo “Inversión, resiliencia y crecimiento inclusivo: preparación futura de las cadenas de valor de minerales críticos”, donde abordamos la situación de la industria minera en el contexto de las nuevas políticas arancelarias y de la concentración de las cadenas de suministro; estos últimos factores que influyen en la “criticidad” de los minerales, que es identificada por el nivel de dependencia y el peso económico o productivo de cada mineral.
La postura que expresé se relaciona con el compromiso que los países de la OCDE deben asumir en la promoción de la gobernanza minera, es decir, que la toma de decisiones sobre la industria y el comercio mineros considere los intereses de los países productores de minerales –varios son economías emergentes--, de las empresas vinculadas al sector y de las comunidades mineras, para las cuales habrá de garantizarse beneficios sociales y mecanismos de remediación ambiental.
México es una potencia minera, pues nuestro país es el mayor productor de plata del mundo, uno de los productores principales de oro y de cobre, además de su importancia en otros minerales esenciales; y Sonora aporta 33.8% de la producción minera nacional. En esta situación, el “Plan México” impulsa la mayor integración de nuestra economía en los mercados regionales y globales, fortaleciendo las cadenas de suministro nacionales mediante la atracción de nuevas inversiones, la construcción de infraestructura y el fomento de la producción local.
Llamó mucho mi atención que el “Plan México” esté siendo parte de la conversación en la OCDE, no solo de parte de las y de los representantes mexicanos, sino de dicho organismo. Esto demuestra la solidez del diagnóstico y de los objetivos planteados en el plan impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como la importancia de nuestro país en la economía mundial.
Desde que la presidenta anunció la estrategia de desarrollo industrial de su gobierno, he hablado de este tema en mis encuentros con cámaras empresariales, foros del sector minero y conversatorios con estudiantes universitarios. Se trata de una política pública que busca dinamizar la economía nacional, generando riqueza a través del impulso de las industrias nacionales, la atracción de inversiones y el nearshoring; también promover el bienestar social mediante la inversión en infraestructura, servicios públicos y la creación de empleos especializados.
México tiene una ruta de acción y el mundo la está leyendo.
Lorenia Iveth Valles Sampedro - Senadora de la República