Un indicador esencial del bienestar social es el relativo a la economía del hogar, es decir, que los ingresos sean suficientes para el acceso a los bienes y servicios necesarios para la subsistencia y el desarrollo de cada integrante de la familia, como la canasta básica, la vivienda, la educación, la salud y el ahorro.
El aumento progresivo al salario mínimo y la política de bienestar social han sido un binomio fundamental para el fortalecimiento de la economía de los hogares y de su poder adquisitivo. Por un lado, entre 2018 y 2026, el salario mínimo ha aumentado 150%; por otro lado, los programas de bienestar ahora llegan a ocho de cada 10 hogares mexicanos. Estos dos elementos han contribuido a la reducción de las brechas de desigualdad en los últimos años.
No obstante, existen factores que vulneran el acceso de los hogares a los bienes y servicios. Un ejemplo es la inflación del precio de los bienes y servicios, indicador cuya variación depende de factores internos y externos, como las condiciones climáticas que afectan la producción; la escasez de las materias primas; los conflictos diplomáticos y armados, que paralizan el tránsito de las mercancías; las políticas arancelarias, entre otros.
Con la llegada de la Cuarta Transformación, ha habido un esfuerzo importante para controlar la inflación y garantizar la estabilidad de los precios de los bienes y servicios, siendo proyectada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para cerrar en 3.5%, inferior al 3.69% con que cerró en 2025. Y no solo eso: se rompió con el mito del neoliberalismo de que el aumento al salario mínimo provocaría una tendencia desmedida al alza de la inflación, pues eso no ha ocurrido.
Esta semana, INEGI publicó los datos actualizados del Índice Nacional de Precios al Consumidor, ubicando la inflación general anual en 3.55% durante la primera quincena de junio, sumando seis quincenas consecutivas a la baja contadas a partir de la primera quincena del mes de marzo, cuando llegó a 4.63%; además, registra el menor nivel desde la segunda quincena de octubre de 2025, cuando llegó a 3.5%.
Para lograrlo, además de la tendencia normalizadora de los precios internacionales del petróleo, desde el inicio de su gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum ha tomado diferentes medidas para el control de los precios, a partir del acuerdo con las y los empresarios:
El Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) para mantener el precio máximo de la canasta básica en $910 pesos; el precio de la gasolina por debajo de los $24 pesos, y todavía más bajo en los municipios de la frontera norte gracias a los estímulos fiscales; y el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla para ofertar un precio justo al consumidor.Cuando hay compromiso público, es posible una gobernanza efectiva contra la inflación.
Lorenia Iveth Valles Sampedro - Senadora de la República con licencia