La reciente muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG, ha colocado a México en una encrucijada que trasciende la seguridad nacional y alcanza la esfera del deporte internacional. A menos de cuatro meses de que ruede el balón en la Copa del Mundo 2026, la ciudad de Guadalajara —sede clave del torneo— se ha convertido en el epicentro de narcobloqueos y enfrentamientos que han paralizado la vida cotidiana. Aunque el Gobierno de México había garantizado un entorno de paz para las selecciones y turistas, la realidad del asfalto incendiado en Jalisco ha encendido las alarmas en Zúrich, obligando a revisar si las condiciones de seguridad estipuladas por la FIFA siguen vigentes.
Desde un punto de vista legal, la FIFA mantiene facultades estrictas que le permitirían retirar o reubicar una sede si considera que la integridad de los asistentes está en riesgo. A pesar de que la organización ha manifestado históricamente su confianza en los planes de protección mexicanos, los reglamentos de la Copa del Mundo establecen que las designaciones no son irrevocables. Expertos en la materia señalan que México se encuentra en una zona de incertidumbre, ya que el reciente operativo militar rompe con la expectativa de una "tregua mundialista" que se buscaba pactar para asegurar una transición pacífica hacia el evento deportivo.
Por ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum ha intentado mitigar el nerviosismo internacional haciendo un llamado a la serenidad y reafirmando que los protocolos especiales para el Mundial se mantienen inalterados. No obstante, la presión es alta, pues la capacidad de las fuerzas federales para contener las represalias criminales en las próximas semanas será el factor determinante que observe la FIFA. Mientras la logística deportiva continúa su marcha, el mundo observa con atención si el país podrá garantizar que la pasión del fútbol no se vea opacada por la crisis de seguridad que hoy sacude al occidente mexicano.