Las autoridades iraníes anunciaron este jueves las primeras tres ejecuciones de personas condenadas por su participación en las protestas de enero, entre ellas la del joven luchador Saleh Mohammadi, campeón nacional de lucha libre de 19 años. Junto con Mehdi Ghasemi y Saeid Davudi, Mohammadi fue sentenciado a muerte bajo la figura legal de moharebeh (enemistad contra Dios), un cargo utilizado en Irán para delitos considerados como amenazas a la seguridad nacional y al orden religioso.
Según el portal judicial estatal Mizan, las ejecuciones se llevaron a cabo tras la confirmación de las sentencias por parte del Tribunal Supremo y la conclusión de los procedimientos legales, con la presencia de abogados defensores. Las autoridades indicaron que los tres hombres atacaron con armas blancas a dos agentes de seguridad el 8 de enero en la ciudad de Qom, al norte del país, causando su muerte durante las protestas antigubernamentales que exigían el fin de la República Islámica.
Mohammadi, reconocido por haber ganado medallas internacionales —entre ellas una de bronce en la Copa Saytev en Rusia—, fue detenido el 15 de enero en Qom. Durante su juicio, el joven alegó tener una coartada, afirmando que se encontraba en casa de su tío el día de los hechos. Sin embargo, fue condenado basándose en una confesión que, según informó el diario El País, habría sido obtenida bajo tortura.
Las protestas de enero fueron reprimidas con extrema violencia. El balance oficial reporta 3 mil 117 muertos, aunque organizaciones de derechos humanos como HRANA, con sede en Estados Unidos, elevan la cifra a más de siete mil y continúan verificando otros 11 mil casos. Asimismo, se estima que alrededor de 53 mil personas fueron detenidas durante las movilizaciones.
En 2025, Irán ha ejecutado a mil 500 personas, según datos de la ONU, lo que representa un aumento del 50% respecto al año anterior. La comunidad internacional ha expresado su preocupación por el uso creciente de la pena de muerte y por la falta de garantías en los procesos judiciales, particularmente en casos vinculados a protestas sociales.