El juez federal, Lewis Liman, tomó una decisión que cerró temporalmente una de las demandas más ambiciosas que se han visto en la era digital: un contrademanda de 400 millones de dólares por difamación y extorsión. La sentencia, que se hizo pública el viernes, se centra en la falta de una enmienda a la denuncia inicial, una estrategia deliberada por parte del demandante y su equipo de producción.
Según declaraciones del abogado Bryan Freedman, quien representa a su cliente y a la compañía Wayfarer Studios, la decisión de no modificar la queja se tomó para preservar derechos de apelación que podrían ser críticos en futuros procesos. “No se hubo vencimientos que se perdieran”, explicó Freedman, subrayando la intención de mantener abiertas las vías de recurso legal.
El caso gira en torno a acusaciones de conducta indebida que se remontan a finales de 2024, cuando la actriz Blake Lively presentó una demanda formal por acoso sexual y represalias contra su compañero de reparto y director. La respuesta de Lively, que incluyó peticiones de honorarios legales, fue atendida por el tribunal, lo que añadió un matiz de equidad a la disputa.
Al mismo tiempo, el demandante ha sostenido que personas de alto perfil, como el actor Ryan Reynolds y la revista The New York Times, emitieron declaraciones que, según él, constituían una campaña de difamación. Sin embargo, la corte sostuvo que no hay pruebas suficientes de que dichas figuras dieran por sentado la falsedad de los testimonios, lo que limita la responsabilidad por difamación bajo la ley actual.
El juicio de la demanda original por parte de Lively está programado para marzo de 2026, mientras que el proceso de apelación y la posible revisión de la sentencia de Liman podrían extenderse más allá de ese plazo. Si bien el caso sigue abierto, la decisión del juez deja claro que la estrategia jurídica de no enmendar la queja puede tener repercusiones significativas en la fase de apelación.
Para los observadores del mundo del entretenimiento, el caso sigue siendo un recordatorio de cómo las negociaciones contractuales y las disputas públicas pueden cruzar fronteras legales, creando un escenario donde la narrativa corporativa y la defensa de la reputación son tan esenciales como la evidencia documental.