En el caso que ha captado la atención de la prensa, Maribel Guardia y su nuera, Imelda Tuñón, están en el centro de un debate legal que gira en torno al testamento de Julián Figueroa, el hijo de la actriz. La viuda, quien asegura que el documento es apócrifo, ha iniciado un proceso de impugnación que podría tener consecuencias graves si se demuestra que alguna de las partes ha mentido en el tribunal.
El abogado penalista Adrián Sánchez comenta que, según la legislación vigente, la falsificación de documentos puede acarrear entre cinco y ocho años de prisión. “En caso de que se confirme la falsedad, Imelda tendría que denunciar el delito y, simultáneamente, procurar la anulación del testamento”, explica Sánchez. Esta acción no solo tendría repercusiones penales, sino que también afectaría la posición de la viuda frente a la herencia y a la custodia del nieto.
La muerte de Julián el 9 de abril de 2023 marcó el inicio de una serie de eventos legales. Apenas dos años después, Ime Tuñón, quien afirma que el difunto no dejó testamento, solicitó la guardia y custodia provisional de su hijo. En octubre, durante una audiencia en Cuernavaca, la viuda formalizó la impugnación, pidiendo el 50 % de la herencia que, según la versión de la esposa, se le habría asignado injustamente.
La disputa no termina con el testamento. La custodia del menor también está en juego, y el juez de lo familiar debe determinar quién tiene la capacidad y el derecho de cuidar al niño. Según el experto, el proceso incluirá estudios psicológicos y sociales para evaluar la idoneidad de cada parte, y la prioridad se dará “primero en tiempo, primero en derecho” si ambos abuelos compiten por la custodia.
Si la viuda pierde la custodia, el menor quedaría bajo un régimen de visitas supervisadas y una posible convivencia gradual con la madre. El tiempo que pueda durar el proceso varía entre seis meses y varios años, dependiendo de la voluntad de las partes y de la rapidez con que los abogados logren un acuerdo.
La situación plantea un escenario donde las implicaciones legales trascienden el simple reparto de bienes: la reputación, la imagen pública y la estabilidad emocional de las personas involucradas están en riesgo, lo que hace que el caso siga siendo un punto focal de atención tanto en los tribunales como en la opinión pública.
