Este miércoles se dio un giro crucial al proceso, cuando la Corte Federal de Los Ángeles decidió pronunciar la primera sentencia en la cadena de acusaciones que involucró la distribución ilegal de ketamina. El caso gira en torno al médico Salvador Plasencia, quien se declaró culpable de vender al actor grandes cantidades del anestésico en los meses previos a su fallecimiento. Plasencia, de 44 años, ya perdió su licencia médica y su clínica, y ahora enfrenta la posibilidad de tres años de prisión, según la Fiscalía.
La familia de Perry, compuesta por su madre Suzanne y el periodista Keith Morrison, tendrá la oportunidad de hacer declaraciones ante la jueza Sherilyn Peace Garnett antes de que se emita la sentencia definitiva. Los fiscales argumentan que Plasencia, motivado por el dinero más que por la ética, se aprovechó de la vulnerabilidad del actor, incluso calificándolo en un documento como un “moron” que se podía explotar.
A pesar de no haber sido acusado directamente de suministrar la dosis que causó la muerte de Perry el 28 de octubre de 2023, Plasencia admitió haberle vendido ketamina cuando el tratamiento habitual del actor cesó. En la defensa, se presentó a Plasencia como un hombre que superó la pobreza para convertirse en un médico respetado, calificando la venta como una “imprudencia” y el “mayor error de su vida”. Los abogados argumentan que una condena no es necesaria, pues el médico ya enfrenta la pérdida de su carrera y su familia se vio obligada a mudarse fuera del estado.
Plasencia, que reside en Arizona con su esposa e hijo de dos años, ha expresado en un video presentado al tribunal su deseo de que su familia se sienta orgullosa de él, reconociendo los errores cometidos y la intención de tomar mejores decisiones en el futuro.
Los cuatro demás acusados en la red de suministro de ketamina serán sentenciados en los próximos meses, mientras la corte mantiene la autoridad de imponer hasta 40 años de prisión bajo los cargos de distribución.
El caso de Matthew Perry subraya la fragilidad de los actores frente a la adicción y la responsabilidad de quienes deberían protegerlos. El juicio continúa revelando cómo la vulnerabilidad de un artista puede ser explotada por quienes, en apariencia, están a su servicio.