En los pasillos de la Audiencia Nacional de Madrid se libra una batalla legal que ha puesto los ojos del mundo sobre una de las figuras más icónicas de la música. Julio Iglesias, a través de su equipo legal, ha solicitado formalmente el cierre de la investigación en su contra tras las denuncias de dos exempleadas por presuntos delitos sexuales y trata de personas.
El argumento central del abogado José Antonio Choclán es claro: falta de jurisdicción. Según la defensa, los supuestos incidentes habrían ocurrido en 2021 en las residencias del artista en República Dominicana y las Bahamas, lugares donde, según la ley, deberían perseguirse los delitos.Una acusación que sacude al espectáculo
El caso estalló el pasado 5 de enero, cuando dos mujeres denunciaron haber sido víctimas de vejaciones y acoso. Según sus testimonios, el cantante abusaba de su posición de poder frente a empleadas jóvenes y en condiciones precarias. Una de las denunciantes incluso relató a medios internacionales episodios de agresiones sexuales no consentidas.
Las razones por las que el caso aterrizó en España, a pesar de la distancia geográfica de los hechos, son estratégicas:
Para el equipo de Iglesias, esta acción judicial es parte de una "campaña mediática" que busca dañar la reputación del cantante. El escrito enviado a la Fiscalía critica que se intente convertir a los tribunales españoles en un "Fiscal Universal" para juzgar casos donde ni las víctimas son españolas ni los hechos ocurrieron en suelo ibérico.
"La justicia debe detener este proceso de forma inmediata", sostiene el abogado, subrayando que no se puede permitir que las víctimas elijan la jurisdicción que más les convenga por encima de la normativa internacional. Mientras tanto, el mundo del entretenimiento aguarda la decisión de la Fiscalía, que determinará si el "rey de la balada" debe enfrentar un juicio en su país natal o si el caso será desestimado.