El pasado 23 de enero, la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España decidió cerrar las investigaciones abiertas contra el cantante Julio Iglesias. La denuncia, interpuesta por dos exempleadas, incluía acusaciones graves como agresión sexual, trata de personas, acoso y vulneración de derechos laborales. Sin embargo, el carpetazo judicial no responde a la inocencia o culpabilidad del artista, sino a una cuestión de territorialidad.
El decreto de archivo subraya que los eventos denunciados habrían tenido lugar entre enero y octubre de 2021 en las residencias privadas del intérprete ubicadas en la República Dominicana y las Bahamas. Según la Ley Orgánica del Poder Judicial en España:
"Las denunciantes pueden reproducir su denuncia en los países donde ocurrieron los hechos (República Dominicana y Bahamas), donde sí existe competencia territorial", detalla el documento oficial.
El caso surgió tras las declaraciones de una empleada doméstica y una fisioterapeuta. Ambas describieron un ambiente de intimidación y servidumbre bajo el mando de las encargadas de las residencias del cantante. Entre los señalamientos más delicados se encuentran el control constante de sus movimientos, la revisión de sus teléfonos celulares y presuntas agresiones sexuales.
Por ahora, el equipo legal del cantante no ha emitido nuevos comentarios, mientras la atención se traslada a las jurisdicciones del Caribe, donde el proceso podría reactivarse.