La batalla legal entre el cantante Julio Iglesias y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha escalado a los tribunales madrileños tras una serie de declaraciones que el artista califica como injuriosas. A través de su equipo legal, Iglesias ha solicitado un acto de conciliación formal como paso previo a una querella por calumnias, exigiendo que la funcionaria rectifique públicamente y pague una indemnización por los daños causados a su honor. El conflicto surge a raíz de publicaciones en redes sociales y entrevistas televisivas donde Díaz dio por sentadas graves acusaciones de abusos y explotación laboral antes de que existiera una resolución judicial.
El núcleo de la demanda se centra en la postura de la vicepresidenta, quien calificó de "escalofriantes" los testimonios de exempleadas del cantante, sugiriendo la existencia de una estructura de "esclavitud" y agresiones permanentes en el entorno del artista. Según la defensa de Iglesias, encabezada por el abogado José Antonio Choclán, estas afirmaciones no solo ignoran la presunción de inocencia, sino que fueron emitidas con el peso institucional de un alto cargo del Estado, alcanzando a audiencias masivas en plataformas digitales y programas de máxima audiencia en la televisión pública española.
La defensa del cantante sostiene que las palabras de la ministra violan directivas europeas y jurisprudencia internacional que prohíben a las autoridades señalar la culpabilidad de un ciudadano sin un proceso penal de por medio. Cabe recordar que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya archivó las investigaciones previas por falta de competencia y requisitos legales, dejando las acusaciones de las trabajadoras sin curso judicial. Ahora, el proceso busca determinar si la libertad de expresión de la funcionaria cruzó la línea hacia el desprestigio personal de una de las figuras más internacionales de la música latina.