Lo que estaba en juego no era solo la libertad de un influencer, sino la posibilidad de que la Suprema Corte fijara reglas claras para todo el país sobre cuándo una agresión contra una mujer debe ser considerada como un intento de asesinato por razón de género.
El origen de la polémica se remonta a febrero de 2024, en el estacionamiento de una plaza comercial de Naucalpan. Ahí, Rodolfo Márquez Alcaraz, conocido en el entorno digital como Fofo Márquez, agredió físicamente a Edith “N”. La violencia no quedó en un simple altercado: la fiscalía lo acusó y un tribunal lo sentenció a 17 años y seis meses de prisión por feminicidio en grado de tentativa. La sanción incluía además una multa de 36 mil 400 pesos destinada a la reparación psicológica de la víctima. Hasta ahí, la historia parecía cerrada, pero el caso escaló cuando el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito pidió a la Suprema Corte que interviniera.
El argumento del colegiado era sólido: necesitaban que el máximo tribunal definiera los criterios precisos para distinguir una agresión violenta de una tentativa de feminicidio. En otras palabras, que la Corte dijera, de una vez por todas, qué elementos deben evaluar los jueces para evitar interpretaciones dispares en cada rincón del país. El caso de Fofo Márquez, por su exposición pública y la crudeza de los hechos, se presentaba como la oportunidad ideal para sentar un precedente con valor ejemplar. Sin embargo, la mayoría del Pleno de la SCJN decidió no atraer el asunto.
Solo dos ministras, Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama, votaron a favor de que la Corte analizara el fondo del amparo directo. El resto del Pleno consideró que el caso no reunía los requisitos de interés y trascendencia suficientes para ejercer la facultad de atracción. Así, la condena quedó firme y Márquez continúa recluido en el Centro Penitenciario Molino de Flores, en Texcoco. Pero más allá del destino de una persona, la negativa de la Corte deja en el aire una pregunta que trasciende las audiencias: ¿quién y cómo se definirá, en cada juzgado, qué es un intento de feminicidio?
Los ministros que rechazaron la atracción optaron por no pronunciarse sobre la tipificación de la tentativa, lo que significa que cada tribunal seguirá resolviendo con los criterios ya existentes y la interpretación local de la normatividad. Para los especialistas en derecho penal y género, esta decisión representa una oportunidad perdida para homologar la justicia en un tema donde la frontera entre una agresión y un intento de homicidio machista sigue siendo difusa. Mientras tanto, la discusión pública —alimentada por la cobertura mediática del caso— sigue evidenciando que la violencia contra las mujeres no se resuelve solo en las sentencias, sino también en la claridad de las leyes que las amparan. El expediente de Fofo Márquez quedó archivado en la Corte, pero el debate sobre cómo juzgar la tentativa de feminicidio sigue abierto.