Caro Quintero está libre, ¿pero y él?

México, DF

Tras permanecer 27 años preso en cárceles de Estados Unidos por el secuestro y muerte del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, un mexicalense solicitó la intervención del gobierno de México para obtener su libertad toda vez que es inocente de esos delitos y careció de un debido proceso.

Se trata de René Martín Verdugo Urquídez quien fue secuestrado en el puerto de San Felipe, en la zona del Mar de Cortez, meses después de la muerte de Camarena y del piloto Alfredo Zavala Avelar en la ciudad de Guadalajara, de acuerdo a un documento en poder de Lindero Norte.
Cuatro policías judiciales de Baja California y dos agentes estadunidenses lo interceptaron para someterlo y trasladarlo 200 kilómetro al norte hasta la frontera con Calexico, California, donde rompieron la malla que dividía a México con Estados Unidos y lo entregaron, vendado y maniatado, a agentes de la DEA y del FBI.
Allí empezó su periplo judicial en enero de 1986 con la acusación de haber ingresado de manera ilegal a Estados Unidos y ser responsable de destruir la malla fronteriza hasta la actualidad donde se encuentra en una prisión federal en Tucson. Arizona, “pagando una condena de 240 años más una cadena perpetua, por un crimen que no cometí, como consta tanto en las cortes norteamericanas como en las diversas instancias de justicia de mi país”
Al señalar que no existe una sola prueba que acredite de manera fehaciente su participación en el secuestro y muerte de Camarena, el mexicalense afirma que se “convirtió en un verdadero preso político, que ha sido sometido a una serie de injusticias y presiones que incluyeron en su momento mi total aislamiento en prisión a manera de tortura, para confesar un asunto del cual soy ajeno totalmente, por lo cual me estoy permitiendo solicitarle su intervención para poder recobrar mi libertad de la cual estoy privado sin justificación alguna”.
En una carta dirigida a Enrique Peña Nieto, advierte que nunca le respetaron sus derechos humanos “tomando en consideración que fui secuestrado en territorio mexicano y entregado a las autoridades norteamericanas quienes al no tener ningún cargo concreto en mi contra, me acusaron de haber cruzado la frontera en forma ilegal, causando daños a la nación por haber destruido parte de la malla divisoria, cuando lo cierto es que los agentes mexicanos y norteamericanos que me secuestraron, me introdujeron por debajo de la malla que divide ambos países”.
Agregó que jamás le notificaron al Consulado Mexicano en Calexico de su secuestro y, por lo tanto, no tuvo ningún tipo de defensa y mucho menos un intérprete cuando los secuestradores lo entregaron a los agentes de la DEA en la oficina de migración de Calexico para trasladarlo al Centro Correccional Metropolitano de San Diego.
“La única prueba que supuestamente me incrimina en este asunto, es que Michael Malone, perito encargado de la unidad de Cabellos y Fibras del FBI, “encontró” un cabello mío, el 12 de Abril de 1985, en el domicilio de Lope de Vega 881,de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, (dos meses después de que murió Enrique Camarena cuando ya se había remodelado y pintado toda la casa y cambiado las alfombras), donde supuestamente estuvo secuestrado”, dijo Verdugo Urquídez en su misiva al tiempo de señalar que con el tiempo Malone fue cesado de su cargo al trascender que sus métodos y testimonios en múltiples casos y en diversas Cortes por no ser confiables, según la edición del 16 de abril de 1995 del Wall Street Journal.
Verdugo informa a Peña Nieto que el Noveno Circuito de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América emitió en dos ocasiones resoluciones a su favor cuando declaró ilegal la manera en que fue detenido, pero el pleno de la Corte sostuvo que no existe dentro de los tratados de extradición una cláusula que prohíba textualmente el que se pueda secuestrar a un ciudadano extranjero en cualquier sitio del planeta. Para el mexicano detenido en Arizona esta definición sirve para justificar y continuar con esa práctica cuando así lo requieran las autoridades de Estados Unidos y da paso a los “caza recompensas” norteamericanos que viajan por todo el mundo para secuestrar personas por cualquier causa.
La mayor aberración es que el homicidio de Camarena, nacido en Mexicali el 26 de julio de 1947, se cometió en Jalisco y, por ende, debería ser juzgado en México pero su nombre no aparece como responsable ni sospechoso de ese homicidio en ninguna Procuraduría de Justicia, Juzgado o cualquier tipo de instancia de procuración o administración de justicia.
Tras recordar que una extranjera sentenciada fue liberada en México (no exonerada de las acusaciones en su contra) por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como varios mexicanos procesados, especialmente elementos pertenecientes a la más alta jerarquía de nuestro Ejército Mexicano, también obtuvieron su libertad en nuestro país, por violaciones a sus derechos humanos o porque no se llevó a cabo el debido proceso, pregunta: ¿no sería posible que ahora un mexicano preso injustamente en el extranjero obtuviera su libertad con los mismos argumentos? si los derechos humanos y el debido proceso son de aplicación universal y en este caso, señala, fue secuestrado, careció de auxilio del Consulado mexicano y su nombre no aparece en ninguna averiguación de las autoridades mexicanas, “ni siquiera como sospechoso y mucho menos como responsable”.
Le pide al presidente Peña Nieto que solicite por las conductos legales convenientes al presidente de los Estados Unidos Barack Obama se sigan los trámites pertinentes para obtener su libertad, en razón de ser un preso político.
Quien fue señalado por las autoridades como responsable de ese crimen, Rafael Caro Quintero, ya está en libertad, concluye el documento.

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