Aprueban reformas para fortalecer fiscalización

CD. DE MÉXICO.
El dictamen permitirá investigar y sancionar con más eficacia los actos irregulares de servidores públicos.
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 459 votos a favor, el dictamen de diversas reformas para fortalecer la fiscalización y la rendición de cuentas, pero sobre todo para dotar de más facultades a la Auditoria Superior de la Federación (ASF).
El presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Rogelio Castro, fundamentó el dictamen que prevé diversas iniciativas con proyecto de decreto que expiden y reforman la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Indicó que en términos generales se llevará a cabo una nueva forma de organizarse y de trabajar de la ASF, y con las nuevas atribuciones que tendrá ese organismo dependiente de la Cámara de Diputados, podrá tener nuevos mecanismos para las auditorías en los estados y en general de la cuenta pública federal.
Con dicha iniciativa, que se remitió al Senado de la República para su análisis, y en su caso aprobación, se destaca que con la ampliación de facultades de la ASF se permitirá a este organismo investigar y sancionar con más eficacia los actos irregulares de servidores públicos y de particulares que cometan faltas administrativas o actos de corrupción considerados graves.
Entre los hechos de corrupción graves se destacó el cohecho, peculado, desvío de recursos, abuso de funciones, enriquecimiento ilícito, encubrimiento, desacato y obstrucción de justicia, entre otros.
Se fortalece el sistema de fiscalización para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas y ética pública que permita maximizar la eficacia y eficiencia de las acciones de gobierno.
Por primera vez, la ASF tendrá atribuciones para vigilar el destino final de las participaciones federales que reciben estados y municipios, así como los recursos federales que se entregan a fideicomisos públicos y privados.
Igualmente podrá supervisar en qué se gasta la deuda pública que contratan los gobiernos locales y se consolida como máximo órgano de fiscalización al tener la capacidad de fiscalizar la totalidad del gasto público federal y las participaciones federales.