La medida, que se enfocaría en vehículos autónomos y conectados, busca prevenir posibles riesgos de ciberseguridad y espionaje.
El gobierno argumenta que la tecnología integrada en estos vehículos podría ser utilizada para recopilar información sensible sobre áreas geográficas o infraestructuras críticas, y potencialmente manipular su funcionamiento. "Ciertos hardware y software en vehículos conectados permiten la captura de información sobre áreas geográficas o infraestructura crítica, y presentan oportunidades para que actores maliciosos interrumpan las operaciones de la infraestructura o los vehículos mismos", declaró la Casa Blanca.
La propuesta ha generado reacciones mixtas en la industria automotriz. Mientras que algunas empresas expresan preocupación por las posibles consecuencias económicas y la interrupción de las cadenas de suministro, otras apoyan la iniciativa como medida de precaución ante las amenazas emergentes.
La prohibición se aplicaría gradualmente, con la prohibición de software a partir del año modelo 2027 y la de hardware a partir del año modelo 2030. Se contemplan mecanismos de exención para casos específicos, aunque no se han definido en detalle.
El Departamento de Comercio ha iniciado un periodo de consulta pública de 30 días para recibir comentarios de todas las partes interesadas antes de la finalización de la norma. Esta medida, si se implementa, podría tener un impacto significativo en el desarrollo y la comercialización de vehículos inteligentes en el mercado estadounidense y, potencialmente, en otras regiones del mundo.