Esta medida forma parte de la política de la administración de Donald Trump, quien busca acabar con lo que considera un abuso del sistema de teletrabajo y la ineficiencia del sector público.
La decisión de Trump se basa en un informe de investigación realizado por la senadora republicana Joni Ernst de Iowa, en colaboración con Open the Books, una organización sin fines de lucro dedicada a promover la transparencia gubernamental. El informe revela que muchos empleados federales han estado abusando del trabajo remoto, ya que algunos no solo trabajan a tiempo parcial, sino que también operan desde ubicaciones lejanas a sus oficinas, incluso a más de 2,000 millas de distancia.
Entre los hallazgos del informe se destaca que algunos empleados federales siguen recibiendo salarios más altos que aquellos que trabajan en las zonas donde se encuentran sus oficinas. Además, un informe de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) indicó que, hasta agosto de este año, al menos el 50% de los empleados federales no eran elegibles para el teletrabajo.
Estos datos han generado preocupaciones sobre el desperdicio de recursos, ya que el gobierno sigue pagando por el mantenimiento de edificios gubernamentales casi vacíos debido a la inasistencia de los trabajadores. En este contexto, Trump ha solicitado la creación de un nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), que se encargará de identificar áreas donde se pueda reducir la plantilla laboral y hacer que el gobierno sea más eficiente.
El objetivo de esta iniciativa es optimizar el funcionamiento del gobierno federal y garantizar que los recursos se utilicen de manera más efectiva para responder a las necesidades de los ciudadanos. Con esta política, Trump busca enviar un mensaje claro de que la administración bajo su liderazgo buscará una mayor responsabilidad y cumplimiento por parte de los empleados federales.
La creación del DOGE tiene como tarea central evaluar las áreas donde se pueden hacer recortes y ajustes para mejorar la productividad y reducir los costos innecesarios. A medida que se acerca el 20 de enero, muchos empleados del gobierno se enfrentan a la incertidumbre sobre sus futuros laborales, mientras se preparan para los cambios que se avecinan en el nuevo gobierno.
Según Miller, "los empleados federales, cuyo salario es financiado por los contribuyentes, deberán regresar a sus oficinas y cumplir con sus responsabilidades de forma presencial, o enfrentarse a la pérdida de su puesto laboral". Esta medida forma parte de la política de la administración de Trump, quien busca acabar con lo que considera un abuso del sistema de teletrabajo y la ineficiencia del sector público.
Entre las medidas que se están considerando para implementar esta política se encuentran:
- La creación de un sistema de seguimiento para monitorear la asistencia y productividad de los empleados federales.
- La implementación de políticas de trabajo flexible que permitan a los empleados federales trabajar de manera remota, pero con un mayor control y supervisión.
- La reducción de la plantilla laboral en áreas donde se considere que hay un exceso de personal.