En el corazón de estas conversaciones se encuentran Guatemala y El Salvador, quienes han firmado acuerdos con el gobierno de Estados Unidos para aumentar la recepción de migrantes deportados. El Secretario de Estado, Marco Rubio, ha sido el artífice principal de estas negociaciones durante una gira por Centroamérica que ha acaparado la atención internacional.
El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, anunció un incremento del 40% en el número de vuelos con deportados, tanto guatemaltecos como de otras nacionalidades. “Hemos acordado aumentar en un 40% el número de vuelos de deportados, tanto de nuestra nacionalidad como de otras nacionalidades,” declaró Arévalo en conferencia de prensa junto a Rubio. Esto representa un cambio significativo con respecto al promedio de siete u ocho vuelos semanales de ciudadanos guatemaltecos deportados desde Estados Unidos en años anteriores, incluyendo la administración Biden.
El Salvador, por su parte, ha adoptado una postura aún más amplia, aceptando deportados de cualquier nacionalidad, incluyendo a ciudadanos estadounidenses y residentes legales con condenas por crímenes violentos. Esta decisión, anunciada por el presidente Nayib Bukele, ha generado debate sobre las implicaciones legales de enviar ciudadanos estadounidenses a otro país para cumplir penas de prisión. Como declaró el expresidente Trump: “Si tuviéramos el derecho legal de hacerlo, lo haría en un abrir y cerrar de ojos,” aunque reconoció la incertidumbre legal al respecto.
Estos acuerdos buscan abordar una problemática crucial en la política migratoria estadounidense: la dificultad de deportar a todos los migrantes indocumentados a sus países de origen. Países como Venezuela, representan un desafío significativo, ya que la deportación a su territorio no siempre es factible. Por eso, se ha reforzado la red de repatriación hacia países centroamericanos.
Sin embargo, la estrategia no se limita a la deportación. Arévalo recalcó la necesidad de un enfoque a largo plazo: “La respuesta permanente a la inmigración es impulsar el desarrollo para que nadie tenga que abandonar el país.” Para ello, se planea una visita de una delegación guatemalteca a Washington.
Acompañando estas medidas, Guatemala también anunció la creación de una nueva fuerza de seguridad fronteriza, compuesta por policías y soldados, para combatir el crimen transnacional. En paralelo, Rubio se reunió con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, para discutir la cooperación en temas de seguridad fronteriza, lucha contra el fentanyl y el fin de la inmigración ilegal.
La visita de Rubio, marcada por el desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), ha generado incertidumbre entre los empleados de la agencia en la región, quienes finalmente recibieron un mensaje directo de Rubio en eventos cerrados a la prensa. Irónicamente, a pesar de estos cambios, Rubio defendió la financiación de ciertos programas de ayuda, justificando su decisión como necesaria para el interés nacional de Estados Unidos.
Finalmente, Guatemala incrementará su capacidad para recibir deportados de diferentes nacionalidades, con el apoyo del Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Los detalles de este complejo proceso aún están por definirse completamente.