Gobierno de Trump demanda a Chicago por bloquear la cooperación en deportaciones
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Nicol Matuz ScottEl epicentro de la controversia se encuentra en Chicago, Illinois, y sus políticas migratorias. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo la administración Trump, interpuso una demanda contra la ciudad y el estado, alegando que sus políticas obstaculizan las operaciones de inmigración. Esta acción, según fuentes oficiales, es la primera de su tipo contra una entidad gubernamental local.
La demanda, presentada en una corte federal de Illinois, busca declarar inconstitucionales las protecciones locales y estatales que buscan resguardar a la población indocumentada de la deportación. Se argumenta que las leyes de "ciudad santuario" de Chicago, el condado de Cook y el estado de Illinois, prohíben la cooperación con las autoridades federales de inmigración, limitando el intercambio de información sobre inmigrantes.
El gobierno federal sostiene que estas leyes "están diseñadas para interferir y de hecho interfieren y discriminan contra la potestad del Gobierno federal para hacer cumplir la ley migratoria". Acusan que muchos inmigrantes indocumentados representan una "amenaza a la seguridad nacional", argumentando que "algunos de estos extranjeros encuentran un lugar seguro (…) en las llamadas ciudades santuario, donde viven y trabajan junto a estadounidenses inocentes, que luego podrían convertirse en víctimas de sus crímenes".
Por otro lado, defensores de las políticas de "ciudades santuario" argumentan que estas fortalecen la confianza entre la policía y las comunidades inmigrantes, permitiendo que las personas reporten crímenes sin temor a ser deportadas. Es importante destacar que, según la legislación estadounidense, vivir en el país sin autorización no es un delito penal, sino civil. Sin embargo, el ingreso ilegal al país o intentar entrar después de haber sido deportado sí están considerados delitos.
Estudios como el de la Universidad de Stanford, que abarca datos desde la década de los 60, sugieren que los inmigrantes tienen menos probabilidades de cometer o ser condenados por crímenes que los nacidos en Estados Unidos. Este dato aporta una perspectiva contrapuesta al argumento del gobierno federal.
La situación involucra complejas implicaciones legales y sociales, con argumentos contradictorios que generan un debate nacional sobre las políticas de inmigración y los derechos de los inmigrantes.
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