Propuesta en Texas busca negar fianza a inmigrantes indocumentados
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Nicol Matuz ScottEn el centro de la discusión se encuentra la Resolución Conjunta del Senado 1 (SJR 1), impulsada por la Senadora Republicana Joan Huffman. Esta resolución propone una enmienda a la constitución estatal que negaría la fianza a inmigrantes indocumentados acusados de delitos graves. La iniciativa, aprobada con apoyo bipartidista en el Senado, ahora se dirige a la Cámara de Representantes donde necesita una mayoría de dos tercios para ser sometida a votación popular en noviembre.
La Senadora Huffman justifica la SJR 1 argumentando que "para apoyar al gobierno federal en la implementación de la Ley Laken Riley, Texas necesita establecer medidas de detención comparables para extranjeros ilegales acusados de delitos graves". Esta ley, a nivel federal, exige la detención de inmigrantes indocumentados arrestados por ciertos crímenes.
La propuesta, bautizada como "Ley Jocelyn" en memoria de Jocelyn Nungaray, una niña de 12 años asesinada en Houston, se basa en el caso de dos ciudadanos venezolanos indocumentados acusados de su homicidio. Huffman afirma que "estos dos hombres no se les negó la fianza por el asesinato de Jocelyn, incluso cuando existía una preponderancia de evidencia en la lectura de cargos y su estatus migratorio ilegal representaba un alto riesgo de fuga".
El Teniente Gobernador Dan Patrick respalda firmemente la reforma, destacando la necesidad de abordar lo que él llama un patrón de fianzas bajas para delincuentes reincidentes y violentos. Señala que "en todo Texas, y específicamente en el Condado de Harris, los delincuentes reincidentes y violentos, incluidos los que están aquí ilegalmente, están siendo liberados con libertad bajo palabra o con fianzas muy bajas por jueces y magistrados que ignoran el historial violento de los delincuentes. Esto pone en riesgo a las comunidades de Texas y a las fuerzas del orden".
Sin embargo, la propuesta enfrenta fuertes críticas. El Representante Estatal Gene Wu, demócrata de Houston, considera que "denegar la fianza debido al estatus migratorio de alguien es abiertamente y claramente inconstitucional". Organizaciones como The Bail Project califican la ley de "basada completamente en información errónea y afirmaciones falsas". Abogados de inmigración como Rosanna Berardi señalan la posible violación a la Cláusula de Protección Igualitaria de la 14ª Enmienda y las consecuencias negativas en la cooperación con las autoridades.
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