La Casa Blanca defiende las deportaciones masivas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros
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Nicol Matuz ScottEl centro de la controversia radica en la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una ley que, según la Casa Blanca, justifica las deportaciones de presuntos miembros del grupo criminal transnacional "Tren de Aragua". La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, ha sido la encargada de defender la postura del gobierno.
Leavitt, en una conferencia de prensa, señaló que las acciones judiciales que buscan detener las deportaciones son “un claro intento por frenar la agenda de esta Administración”. Acusó a los jueces, específicamente al juez James Boasberg, de actuar como “activistas partidistas desde la magistratura” y de “socavar la voluntad del público estadounidense” al bloquear las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump.
La Casa Blanca argumenta que el presidente tiene la autoridad para tomar estas medidas, respaldando la implementación de deportaciones masivas. Se ha informado que más de 200 venezolanos ya han sido deportados a El Salvador, a pesar de la orden judicial que bloqueaba la medida. Leavitt defendió la decisión, afirmando que “el juez en este caso intenta afirmar que el presidente no tiene la autoridad ejecutiva para deportar a terroristas extranjeros de nuestro territorio. Eso constituye un flagrante abuso de poder.”
No obstante, la falta de pruebas concretas que respalden la pertenencia de los deportados al "Tren de Aragua" ha generado críticas. Leavitt, en lugar de presentar evidencias, se limitó a confiar en la labor de los agentes involucrados.
La presión sobre el juez Boasberg se intensificó luego de que el congresista republicano Brandon Gill iniciara un proceso de destitución en la Cámara de Representantes. Sin embargo, expertos señalan que las posibilidades de éxito son mínimas, ya que se requiere del apoyo de dos tercios del Senado, incluyendo una cantidad significativa de senadores demócratas.
El conflicto entre el poder ejecutivo y el judicial sigue vigente, con consecuencias directas en la política migratoria estadounidense y dejando en el aire la verdadera extensión de la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros en la coyuntura actual.
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