Trump inicia investigación sobre filtración de información clasificada
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Nicol Matuz ScottEl pasado viernes, el gobierno de Donald Trump anunció el inicio de una investigación sobre la filtración de información clasificada. Esta acción se produce un día después de la publicación de un reportaje en The New York Times que puso en duda la justificación para la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, utilizada para acelerar la deportación de migrantes venezolanos.
Según el comunicado del fiscal general adjunto, Todd Blanche, la investigación se centra en la "filtración selectiva de información inexacta, pero clasificada, de la comunidad de inteligencia". Blanche defendió el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, actualmente en disputa legal, y condenó lo que calificó como "esfuerzos políticamente motivados" para debilitar la agenda presidencial.
El meollo del asunto radica en una discrepancia entre la justificación ofrecida por Trump para la deportación y un informe de inteligencia del 26 de febrero. El Times reportó que dicho documento, respaldado por la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional, indica que la banda criminal venezolana "Tren de Aragua" no está controlada por el gobierno venezolano ni opera bajo sus órdenes. Los analistas tenían una confianza "moderada" en esta evaluación, aunque el FBI expresó una opinión disidente, argumentando una conexión con Nicolás Maduro, basada en información considerada no creíble por las otras agencias.
La portavoz de The New York Times, Danielle Rhoades Ha, emitió un comunicado alertando sobre las implicaciones de investigar las filtraciones: "La libertad de prensa es una piedra angular de la democracia... Las investigaciones sobre filtraciones pretenden enfriar las comunicaciones entre periodistas y fuentes, y socavan la capacidad de una prensa libre". Ella enfatizó que el artículo del periódico planteaba interrogantes sobre la veracidad de la información que recibía el pueblo estadounidense sobre un asunto crucial de seguridad nacional.
Paralelamente a esta investigación, el gobierno está tomando medidas contra funcionarios a los que se refiere como miembros del "Estado profundo", a quienes acusan de obstruir la agenda de Trump. Este término se refiere a una presunta capa de burócratas que utilizan los mecanismos gubernamentales para frenar las iniciativas presidenciales.
La situación presenta un complejo entramado de acusaciones, contra-acusaciones y disputas sobre la transparencia del gobierno, la libertad de prensa y la seguridad nacional. El desenlace de estas investigaciones y sus repercusiones a largo plazo, aún están por verse.
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