Inmigrantes en Florida: 500,000 enfrentan deportación tras decisión de Trump
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Nicol Matuz ScottLa semana pasada, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), bajo la administración Trump, anunció la revocación del estatus legal de más de 500,000 migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Esto implica el fin del programa de parole humanitario conocido como CHNV, implementado durante la era Biden. De estos, el 80% se asentaron en Florida, según datos oficiales. La medida entrará en vigor a finales de abril.
La decisión ha desatado una ola de críticas por parte de congresistas de Florida, incluyendo a la representante republicana Maria Elvira Salazar, quien, a pesar de haber apoyado medidas enérgicas en materia de inmigración en el pasado, ha expresado su preocupación. “Trump está limpiando el desastre político de Biden, y el limbo legal que enfrentan los cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses es completamente culpa de Biden. Él los engañó,” declaró Salazar.
Por otro lado, la representante demócrata Frederica Wilson, cuyo distrito incluye Little Haiti, ha señalado un aumento significativo en las llamadas de inmigrantes desesperados por ayuda. “Para muchos, ser enviados de vuelta no es solo cruzar la frontera; es una sentencia de muerte,” afirmó Wilson, destacando los peligros que enfrentan al regresar a sus países de origen.
Similarmente, la representante demócrata Debbie Wasserman Schultz, representante de Weston – ciudad con una importante población venezolana – calificó la decisión como injusta para quienes llegaron a Estados Unidos por vías legales. “Lo hicieron de la manera correcta. Siguieron la ley,” dijo Wasserman Schultz. La fecha límite para abandonar el país es el 24 de abril, 30 días después de la publicación oficial del aviso en el Registro Federal.
La medida, sin embargo, no ha pasado desapercibida. Un grupo de ciudadanos e inmigrantes estadounidenses ha presentado una demanda para intentar revertir la decisión, argumentando que causará un “caos innecesario y desgarro para familias y comunidades en todo el país,” según Karen Tumlin, directora del Justice Action Center, una de las organizaciones que presentó la demanda.
El impacto a largo plazo de esta decisión en la economía, la sociedad y el tejido social del sur de Florida, particularmente en comunidades como Little Havana y Little Haiti, requerirá un análisis profundo en los próximos meses. La incertidumbre continúa.
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