Desinformación masiva: Gobierno de Trump y la crisis de la posverdad

El foco se dirige a la administración del presidente Donald Trump en su segundo periodo. Su equipo, conformado por figuras clave como la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, y asesores de alto perfil, ha generado controversia a través de afirmaciones poco ortodoxas.
Un ejemplo paradigmático: la afirmación de Leavitt sobre un supuesto bloqueo de un contrato de 50 millones de dólares para la compra de preservativos en Gaza. “Es un despilfarro absurdo del dinero de los contribuyentes,” declaró Leavitt, una afirmación rápidamente desacreditada, pues las subvenciones, aunque sí existieron para la prevención de enfermedades de transmisión sexual, se destinaron a Mozambique, no a Gaza.
Este incidente, lejos de ser aislado, se inscribe dentro de un patrón. Los primeros cuatro años de Trump se caracterizaron por un elevado número de declaraciones falsas o engañosas: 30.573, según un conteo. Sin embargo, en esta ocasión, la estrategia es diferente. La administración no intenta minimizar el daño, sino que amplifica estas afirmaciones, institucionalizando, de alguna manera, la desinformación.
Otros ejemplos de esta nueva política de la posverdad incluyen:
El cambio en el panorama mediático, con la migración a plataformas digitales y la predominancia de la derecha en este nuevo ecosistema, contribuye a la propagación de estas narrativas. Kate Starbird, experta en desinformación, lo describe como una “maquinaria de porquería” integrada en la infraestructura política.
La Casa Blanca, en este nuevo escenario, ha incorporado a figuras de medios de comunicación de derecha, como Brian Glenn de Real America’s Voice, amplificando aún más la desinformación. Incluso la cobertura de la noticia de los preservativos en Gaza se convirtió en un evento viral con millones de vistas en redes sociales, superando en alcance las verificaciones de los hechos realizadas por medios tradicionales.
Mientras tanto, la USAID, tras la propagación de estas falsas noticias, experimentó un recorte presupuestal significativo del 83% en sus contratos. La administración Trump no ha respondido a las preguntas sobre las declaraciones falsas, dejando una gran interrogante sobre el futuro de la gestión gubernamental y la credibilidad de la información oficial.