Secreto de Estado: Trump bloquea datos sobre deportaciones de venezolanos
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Nicol Matuz ScottEn el centro de la controversia se encontraban dos vuelos de deportación de venezolanos a El Salvador, realizados a principios de marzo. El juez James E. Boasberg, conocido por su rigurosidad, había emitido una orden judicial para detener las deportaciones, cuestionando el debido proceso legal de los migrantes. El gobierno del presidente Donald Trump, representado por el Departamento de Justicia, respondió de manera inesperada.
El Departamento de Justicia, en un giro sorprendente, invocó el “secreto de Estado” para negarse a proporcionar más información al juez Boasberg sobre los vuelos. Según su argumento, revelar más detalles “socavaría o impediría futuras operaciones antiterroristas”, una declaración que ha generado un intenso debate entre expertos legales.
La decisión no se limita a la simple negativa a compartir información. El gobierno rehusó incluso a proporcionar los datos de manera confidencial al juez, a pesar de la experiencia de Boasberg en temas de seguridad nacional. Declaraciones juradas de Marco Rubio (Secretario de Estado) y Kristi Noem (Secretaria de Seguridad Nacional) reforzaron la postura del gobierno, alegando que la divulgación de la información “pondría en peligro la seguridad nacional y la política exterior”.
Esta medida se produjo en paralelo a una audiencia en un tribunal federal de apelaciones, donde se discutió la validez de la orden judicial de Boasberg que prohibía el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para la deportación expedita de los migrantes venezolanos, alegadamente miembros del Tren de Aragua. El gobierno argumenta que la banda opera bajo la dirección del gobierno venezolano, calificándolos como sujetos de una "nación hostil". Sin embargo, la comunidad de inteligencia estadounidense publicó una evaluación que contradice esta afirmación.
El debate legal se centra en la interpretación de la Ley de Enemigos Extranjeros y los límites del poder ejecutivo en materia de deportaciones. Abogados de los migrantes argumentan que la ley no se aplica al Tren de Aragua, y que sus clientes merecen el debido proceso antes de ser deportados. El juez Boasberg, mientras mantiene su orden, ha evitado pronunciarse sobre la validez constitucional del uso de esta ley en este contexto, centrándose en la cuestión del debido proceso.
La audiencia en el tribunal de apelaciones evidenció diferentes perspectivas judiciales sobre el caso. La jueza Patricia Millett expresó su escepticismo hacia la postura del gobierno, mientras que el juez Justin Walker sugirió que las impugnaciones de los migrantes deberían realizarse en los lugares de detención, no en Washington. La jueza Karen Henderson mantuvo una postura neutral.
La invocación del privilegio de secreto de Estado marca un punto de inflexión en el caso, generando preocupaciones sobre la transparencia gubernamental y el equilibrio de poderes en un contexto de creciente tensión política.
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