Acceso ilegal a datos de inmigrantes y trabajadores agrícolas en Estados Unidos genera alarma

Un reporte de WIRED ha destapado el acceso de operativos del Departamento de Gobierno Eficiente (DOGE) a sistemas de datos sensibles dentro del Departamento de Trabajo (DOL). Este acceso compromete información de inmigrantes y trabajadores agrícolas de bajos ingresos. Se menciona la participación de tres operativos clave: Miles Collins, Aram Moghaddassi y Marko Elez.
Collins, según el reporte, tiene acceso al Programa Nacional de Empleo para Trabajadores Agrícolas (NFJP). Un empleado del DOL, en declaraciones anónimas a WIRED, aseguró que este sistema contiene información altamente confidencial, incluyendo "números de Seguro Social y el tipo de ayuda recibida," y que generalmente este tipo de datos están "muy, muy controlados."
Moghaddassi, por su parte, posee acceso a la Puerta de Acceso a la Solicitud de Mano de Obra Extranjera (FLAG), sistema que gestiona programas de visas y protecciones salariales para trabajadores extranjeros temporales y permanentes. La información en FLAG incluye datos sensibles como "nombres, direcciones, historial laboral y números de registro de extranjeros" vinculados a registros del DHS.
Los tres operativos mencionados también tienen acceso a datos del programa Oportunidades de Reingreso al Empleo (REO). Aunque REO no se enfoca específicamente en inmigrantes, la posibilidad de cruzar esta información con otros datos genera preocupaciones internas sobre la posibilidad de identificar y seleccionar individuos basados en su estatus migratorio.
A esto se suma un reporte del Washington Post que indica una colaboración entre DOGE y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para acceder a información de múltiples agencias federales, incluyendo el IRS, la Administración del Seguro Social y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, con posibles implicaciones en materia de cumplimiento migratorio. La Casa Blanca no ha emitido comentarios al respecto, mientras que un funcionario del DHS justificó la práctica argumentando que el gobierno finalmente está "compartiendo información para resolver problemas." El acceso a una base de datos sensible de Medicare también ha sido reportado.
La situación plantea interrogantes sobre la privacidad de datos y el uso ético de la información gubernamental en el contexto de la migración y las políticas sociales.