Trump endurece migración con leyes antiguas y castigos extremos
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Nicol Matuz ScottEn las últimas semanas, la administración Trump ha implementado políticas migratorias sumamente estrictas. La figura central de estas controversias es el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una herramienta legal que, según críticos, está siendo utilizada de manera desproporcionada.
Uno de los ejemplos más alarmantes es la deportación de migrantes venezolanos a una prisión en El Salvador, sin que se les permita defenderse adecuadamente contra las acusaciones de vínculos con pandillas. Esto ha generado una fuerte respuesta de legisladores demócratas como la Representante Pramila Jayapal (D-Wash.), quien durante una audiencia comentó: “Apuntan a una población vulnerable para ganar la simpatía de la gente, demostrando que si pueden hacerlo con este grupo, pueden hacerlo con cualquiera.”
Similarmente, la revocación de visas estudiantiles a quienes protestan contra las acciones de Israel en Gaza, ha encendido las alarmas sobre la posible violación de la Primera Enmienda. El Representante Jamie Raskin (D-Md.), principal demócrata en el Comité Judicial de la Cámara, lo calificó como parte de un "manual autoritario". Raskin añadió: “Si Donald Trump puede deportar a no ciudadanos sin debido proceso, lo puede hacer con ciudadanos también.”
La Casa Blanca, por su parte, a través del vocero Kush Desai, rechaza estas acusaciones, afirmando que la aplicación de las leyes migratorias es un acto democrático y que los demócratas priorizan a los migrantes sobre los ciudadanos. Este discurso ha sido reforzado por el propio Presidente Trump, quien ha insinuado, aunque sin detallar un plan, la posibilidad de enviar ciudadanos estadounidenses a prisión en El Salvador, considerándolo una medida disuasiva.
El impacto de estas medidas ya se siente. Se han reportado casos de niños ciudadanos estadounidenses deportados junto a sus padres, incluyendo un menor de 4 años con cáncer en etapa 4, sin su medicación. Estas situaciones han alertado a defensores de los inmigrantes y expertos como Nayna Gupta del American Immigration Council, quien señala que estas acciones representan un ataque a valores democráticos fundamentales. John Carey, profesor de Dartmouth University, añade que la fijación en grupos marginados es una estrategia común en países que retroceden en su democracia, destacando el uso inusual de la Ley de Enemigos Extranjeros y el apelar a estados de emergencia.
La situación también afecta al ámbito académico. Un estudio reciente reveló que más de la mitad del profesorado experimenta autocensura, especialmente entre ciudadanos naturalizados y no ciudadanos. El caso de Mohsen Mahdawi, estudiante de Columbia University liberado temporalmente tras ser detenido por participar en protestas, ilustra las consecuencias de estas políticas. A pesar de su liberación, la amenaza de deportación persiste, reflejando una creciente preocupación sobre la libertad de expresión.
La administración Trump justifica sus acciones argumentando una necesidad de deportaciones rápidas y ha criticado al poder judicial por bloquear algunas de sus acciones. Mientras tanto, la tensión entre la defensa de los derechos civiles y las políticas migratorias se intensifica, dejando un futuro incierto para los derechos fundamentales de todos los residentes en Estados Unidos.
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