"Permitir que soldados armados patrullen centros de detención o barrios sería como echar gasolina al fuego", declaró la jueza Perry durante una audiencia que se extendió por más de seis horas. La decisión representa un duro revés para la Administración Trump, que buscaba reforzar las controvertidas redadas del ICE en la ciudad.
Detrás del fallo judicial hay varios elementos clave:
El conflicto tiene raíces más profundas. Solo 48 horas antes, un juez federal ya había limitado las facultades del ICE para realizar arrestos sin orden judicial en Chicago. Además, el gobernador J.B. Pritzker ordenó investigar denuncias sobre ciudadanos estadounidenses y menores detenidos durante redadas recientes.
Mientras tanto, documentos presentados por exaltos mandos militares advierten sobre el peligro de "politizar las fuerzas armadas". La jueza Perry mencionó haber recibido este testimonio experto, que parece haber influido en su decisión final.
El Departamento de Justicia ya anunció que apelará el fallo, lo que sugiere que esta batalla legal está lejos de terminar. Mientras tanto, los 200 soldados de la Guardia Nacional enviados desde Texas permanecen en espera, sus rifles guardados y sus órdenes en suspenso.