La nueva prueba de civismo, implementada en septiembre por la USCIS, exige responder correctamente 12 de 20 preguntas orales, muchas de ellas abiertas, sin respuestas únicas. Algunas consultas piden interpretar conceptos como “buen carácter moral” o “adhesión al orden y la felicidad de Estados Unidos”—términos que, para muchos, carecen de definiciones claras en el manual oficial.
En Monterrey, una maestra de primaria que lleva ocho años con residencia permanente fue rechazada tras no poder explicar “cómo su apoyo a una marcha por los derechos civiles en 2020” se alineaba con “la historia estadounidense de lucha por la justicia”. Su caso no es aislado. Según un informe del National Partnership for New Americans y el U.S. Immigration Policy Center de la UC San Diego, las negaciones de ciudadanía aumentaron del 7.9% en los últimos seis meses de Biden al 9.9% en los primeros meses de la nueva administración.
Las entrevistas ya no se limitan a la oficina de inmigración. Agentes están regresando a los vecindarios: hablan con vecinos, revisan publicaciones en Facebook y Twitter, y hasta consultan registros de donaciones a organizaciones políticas. “Ya no basta con no tener antecedentes penales”, dice un abogado de derechos migratorios en Tijuana. “Ahora te preguntan: ¿qué le diste a este país? No solo qué no le hiciste.”
Las excepciones por discapacidad, antes más accesibles, ahora exigen documentación adicional, firmas de especialistas certificados y, en algunos casos, audiencias adicionales. En McAllen, una mujer de 68 años con demencia leve fue negada tras no poder completar un cuestionario de 20 preguntas, a pesar de haber vivido en EE.UU. durante 32 años. Su hijo, ciudadano por nacimiento, sigue sin entender cómo una persona que pagó impuestos, crió hijos aquí y votó en elecciones locales, fue considerada “no asimilada”.
Los tiempos de procesamiento también se alargaron: de 6.1 a 6.4 meses en promedio. Las ceremonias de naturalización, antes frecuentes en escuelas, iglesias y estadios, se han reducido en un 34% en el sur de Texas. En algunos condados, los solicitantes reciben cartas con fechas de cita sin explicación, y luego, semanas después, una notificación de denegación sin detalles claros.
La USCIS insiste en que el cambio busca “garantizar que los nuevos ciudadanos comprendan profundamente los derechos y responsabilidades de la ciudadanía”. Pero para quienes llevan años esperando este paso, la sensación es otra: no se trata de elevar el estándar, sino de redefinir quién merece pertenecer.