En Illinois, donde cada mes se distribuyen más de $350 millones en beneficios alimentarios, los funcionarios no tienen margen para actuar. “No tenemos fondos propios para reemplazar lo que el gobierno federal no entrega”, explicó una fuente interna del Departamento de Servicios Humanos. Lo mismo ocurre en Florida, donde casi 3 millones de personas —una de cada cinco familias— dependen de esos cupones para cubrir el 40% de su gasto en alimentos. En Texas, la suspensión está programada para el 27 de octubre. No hay prórroga. No hay plan B. Solo una advertencia seca: “Emberemos los beneficios tan pronto como reciba nuevos fondos federales”.
“Esta es una situación cruel e inaceptable”, dijo la gobernadora de Oregón, Tina Kotek, mientras en su estado, 757 mil personas —muchas de ellas madres solteras, veteranos y adultos mayores con discapacidad— esperan su tarjeta con el mismo miedo que se tiene ante una llamada de teléfono que nunca llega.
En Carolina del Sur, las autoridades reconocen que más de 260,000 hogares no podrán comprar leche, frijoles o arroz si no hay acción en Washington. En Maine, uno de cada ocho habitantes recibe ayuda alimentaria. En Virginia, más de 850,000 personas podrían ver cortado su acceso el 1 de noviembre. Y en Massachusetts, la gobernadora Maura Healey lo dijo sin rodeos: “Trump es el primer presidente en la historia de Estados Unidos en cortar los beneficios de SNAP”.
El impacto no se limita a las familias. En Washington, cientos de empleados del programa SNAP podrían ser despedidos temporalmente a partir del 4 de noviembre. En Wyoming, los bancos de alimentos ya están reorganizando sus inventarios, preparándose para una avalancha de demanda que no tienen recursos para cubrir. En Louisiana, el gobernador Jeff Landry, republicano, anunció que los beneficios de noviembre se suspenderán —pero dejó claro que los fondos acumulados en octubre seguirán vigentes. Una medida que, en la práctica, solo retrasa el hambre, no lo evita.
Y mientras el cierre persiste, otra bomba de tiempo se activa: la ley fiscal aprobada en julio y firmada por Trump cambia las reglas del juego. A partir de enero, los adultos con hijos entre 14 y 17 años —hasta ahora exentos— deberán cumplir con requisitos de trabajo para conservar su ayuda. Lo mismo aplica a quienes tienen entre 55 y 64 años. Y en 2026, los estados tendrán que asumir tres cuartas partes de los costos administrativos. Nadie sabe aún cómo lo harán.
En California, donde más de cinco millones de personas reciben CalFresh, el 63,2% de los beneficiarios son niños o adultos mayores. En Pensilvania, el gobernador Josh Shapiro lo resumió así: “Este cierre federal está amenazando la asistencia alimentaria crítica para dos millones de residentes”. En Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul habló de “castigo político”. En Wisconsin, el gobernador Tony Evers pidió acciones “rápidas e inmediatas” —como si el tiempo aún no se hubiera agotado.
Lo que comenzó como un problema de financiamiento se convirtió en una crisis de supervivencia. Las familias no están esperando un discurso. No están pidiendo promesas. Están esperando que alguien, en algún lugar, decida que la comida no es un privilegio, sino un derecho. Y mientras tanto, las tarjetas de beneficios siguen sin cargarse.