Pero a las 9:17 a.m., el sonido de una lata que estalló contra el asfalto cambió el ritmo de la calle. No fue una explosión de fuegos artificiales. Fue “gas lacrimógeno lanzado por un oficial de la Patrulla Fronteriza”, según grabaciones que circulan en redes y que ahora forman parte de un expediente federal.
Lo que siguió no fue una redada ordenada. Fue un caos mal ensayado. Agentes intentaron entrar al Discount Mall —cerrado por ser jueves— sin saber que el lugar no tenía clientes, solo vecinos que ya los esperaban. Algunos llevaban cámaras. Otros, pancartas. Unos pocos, hijos menores de edad que no entendían por qué los uniformes verdes los miraban como si fueran criminales.
Entre los detenidos estaba un adolescente de 16 años, ciudadano estadounidense nacido en Chicago, hijo de padres mexicanos, estudiante de décimo grado. Su nombre no se ha hecho público. Pero su historia sí: fue llevado en mancuernas mientras su madre gritaba desde la acera, sin poder acercarse. “¿Por qué mi hijo? ¿Qué delito cometió?”, preguntó ella, entre lágrimas, a un reportero de La Raza.
Las imágenes del comandante Gregory Bovino, con su uniforme militar y una lata de gas en la mano, no son nuevas. Pero sí son decisivas. El documento judicial presentado por abogados de defensa migratoria revela que violó al menos tres cláusulas de la orden de restricción dictada por la jueza Sarah Ellis. No solo lanzó el gas: lo hizo mientras periodistas grababan, mientras niños corrían, mientras una mujer de 72 años intentaba proteger a su nieta de 8 años.
En el centro comunitario de la calle 26, Baltazar Enríquez, presidente del Consejo de La Villita, lo dice sin rodeos: “Esto no es aplicación de la ley. Es terror psicológico disfrazado de operación”. Él y otros líderes aseguran que los agentes no tenían listas de nombres, ni órdenes judiciales visibles. Solo llegaron, entraron con fuerza, y cuando la comunidad respondió, reaccionaron con gases, esposas y silencio.
Este jueves fue la cuarta vez que el gas lacrimógeno se usó en Chicago desde el lanzamiento de la Operación Midway Blitz. Pero esta vez, algo cambió. No hubo miedo paralizante. Hubo resistencia organizada. Vecinos bloquearon calles. Abogados llegaron con mandatos judiciales en mano. El concejal Byron Sigcho-López grabó un video desde el lugar: “Ustedes no están buscando criminales. Están buscando miedo. Y nosotros ya no lo tenemos”.
En el edificio municipal, el representante Jesús ‘Chuy’ García repitió la misma pregunta que resonó en cada esquina: “¿Por qué regresaron hoy?”. No fue una pregunta retórica. Fue un desafío. Porque ayer, la comunidad los enfrentó. Y hoy, la justicia los sigue.