Las armas, embaladas en contenedores falsificados como piezas de maquinaria agrícola, iban dirigidas a centros de distribución en el norte de México —lugares que, según fuentes de inteligencia, han estado vinculados a cárteles en expansión.
Lo que llamó la atención de los investigadores no fue solo la cantidad, sino el patrón: “Cada arma tenía un número de serie alterado, pero el mismo código de lote. Era un envío único, planificado con precisión militar”, señaló un oficial anónimo que participó en el operativo. Las armas incluían rifles de asalto AR-15 modificados, pistolas de alta capacidad y varios fusiles de francotirador con miras térmicas —equipo que rara vez aparece en operaciones de contrabando comunes.
Los detenidos, tres hombres de nacionalidad estadounidense con antecedentes en tráfico de armas y uno de ellos con vínculos previos a una red de armas en Arizona, fueron identificados tras rastrear transacciones en criptomonedas y el uso de cuentas falsas en plataformas de comercio electrónico. Uno de ellos, según registros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en México, ya había sido señalado en 2023 como intermediario en el envío de 87 armas decomisadas en Nuevo Laredo.
Las armas fueron encontradas en una propiedad rural con acceso a dos carreteras federales, donde los sospechosos habían desmontado y reensamblado parte del cargamento para evitar detectores de metales. En el lugar, los agentes hallaron también planos de rutas de contrabando, fechados en octubre de 2025, con puntos de entrega marcados en Tamaulipas, Sinaloa y Chihuahua —zonas donde los homicidios por armas de fuego han aumentado un 23% en los últimos seis meses.
El embajador Ronald Johnson confirmó el hallazgo en una publicación oficial, sin dar detalles del operativo, pero subrayando: “Esto no es un acto aislado. Es parte de una estrategia de intercepción activa que ha reducido el flujo de armas hacia el sur en un 38% desde el inicio del año”. Las autoridades mexicanas, por su parte, no han emitido declaraciones públicas, aunque fuentes cercanas al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que ya se han abierto tres investigaciones paralelas.
Entre los artefactos decomisados, uno llamó la atención por su singularidad: un fusil con un grabado en la culata que, tras análisis forenses, resultó ser el nombre de un exmiembro de la policía estatal de Michoacán desaparecido en 2021. Su identidad aún no ha sido confirmada oficialmente, pero las pistas apuntan a una red de corrupción interna que facilitaba el tránsito de armas entre instituciones y grupos criminales.