La orden llegó sin aviso previo. No hubo sesiones del ayuntamiento, ni debate en el consejo municipal. Solo un comunicado de la Casa Blanca: “La seguridad nacional no espera a las elecciones locales.” En Los Ángeles, los guardias nacionales desplegados desde marzo ya no solo patrullan zonas de alto índice de homicidios. Ahora, según testigos, operan en barrios donde la violencia ha disminuido —pero donde la desconfianza crece.
El presidente Donald Trump lo dijo claro desde el portaaviones USS George Washington, en Yokosuka: “Estamos enviando más que la Guardia Nacional.” Las palabras no fueron un desliz. Fueron una advertencia. Y en Washington, D.C., donde los militares ya están en las calles desde abril, los funcionarios locales aseguran que no recibieron ni una sola solicitud formal de apoyo. Solo una notificación.
Las cifras del Departamento de Justicia muestran una realidad compleja: en las ciudades con mayor despliegue militar —Portland, Memphis, Chicago— los índices de homicidios han bajado entre un 12% y un 18% en los últimos seis meses. Pero también se ha registrado un aumento del 43% en denuncias por detenciones arbitrarias, según datos recopilados por organizaciones civiles. En algunos casos, las mismas personas que denunciaron crímenes hace un año ahora temen ser detenidas por llevar una mochila o caminar tarde.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito dio luz verde a la operación en Oregón, pero no sin reservas. En su fallo, los jueces señalaron que el presidente “actúa dentro de sus facultades constitucionales, pero sin un marco claro de límites”. Mientras tanto, en Ciudad de México, diplomáticos mexicanos han pedido “claridad” sobre el alcance de las operaciones en frontera, tras reportes de detenciones de ciudadanos mexicanos sin aviso consular.
En el barrio de Pilsen, una mujer de 67 años, Maria del Rosario Vargas, sigue dejando su puerta abierta cada noche. “No me importa quién pase”, dijo. “Pero si alguien me pregunta por qué no llamo a la policía, les digo: porque ya no sé quién es la policía.”
En la Secretaría de Seguridad Pública de Illinois, los archivos internos revelan que más de 170 agentes de la Guardia Nacional han sido asignados a tareas que, según el código estatal, corresponden exclusivamente a la policía civil: control de manifestaciones, revisión de documentos de identidad en puntos de transporte público, y hasta inspecciones aleatorias en comercios sin orden judicial.
En Texas, los oficiales federales que acompañan a las tropas en patrullas fronterizas ahora llevan identificadores con el sello de la Oficina de Inmigración y Aduanas, pero también con insignias de la Guardia Nacional. Nadie sabe exactamente quién da las órdenes. Solo que, en el silencio de la noche, alguien las da.