Según fuentes del Comando Sur de EE.UU., los ataques se sucedieron en intervalos de 47 minutos, con precisiones milimétricas. Las embarcaciones, equipadas con motores de alta potencia y sistemas de enmascaramiento de señal, fueron alcanzadas por misiles de crucero lanzados desde drones de largo alcance. No hubo advertencias. No hubo intentos de abordaje. Solo fue fuego, rápido y silencioso.
El balance, según el secretario de Guerra Pete Hegseth, fue de 14 muertos. Ocho en la primera embarcación, cuatro en la segunda, tres en la tercera. Una sola persona sobrevivió. Un hombre de entre 25 y 30 años, sin documentos, con marcas de tatuajes en los brazos que coinciden con patrones vinculados a cárteles del Pacífico mexicano. Su estado, según informó el Pentágono, era “estable, pero no cooperativo”.
Lo inusual no fue el ataque en sí, sino quién lo asumió. México, sin previo aviso, aceptó la responsabilidad del rescate. Fuentes de la Secretaría de Marina confirmaron que el “buque de apoyo logístico ARM Altamira” fue desviado de su ruta habitual en el Golfo de Tehuantepec y se dirigió hacia el punto de coordinación establecido por SOUTHCOM. Nadie explicó por qué. Ni siquiera en la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional.
Las autoridades estadounidenses insisten en que las embarcaciones eran “operadas por organizaciones terroristas designadas (DTO)”. Pero en los archivos del Centro de Inteligencia de Narcóticos de la OEA, esos mismos patrones de navegación —velocidad, trayectoria, tipo de carga— han sido asociados, en los últimos 18 meses, a redes que operan desde el sur de Sinaloa hasta las costas de Nicaragua. No hay evidencia de vínculos con grupos como el ELN o las FARC.
El “narcoterrorismo” como categoría legal —un término acuñado por la administración Trump en 2024— ha sido aplicado en 11 operaciones desde enero. En todas, el mismo guion: aguas internacionales, sin testigos civiles, sin cadáveres identificados, sin exhumaciones. Solo declaraciones. Solo cifras. Solo la promesa de que “serán tratados como a Al-Qaeda”.
Lo que nadie dice en público es que, según registros de la Guardia Costera de Colombia, una de las embarcaciones tenía una señal de identificación que coincidía con un barco reportado como desaparecido en julio, propiedad de un armador de Guayaquil con conexiones en Chiapas. O que el sobreviviente, al ser trasladado a bordo del Altamira, mencionó en quechua una palabra que traducida significa: “el que manda desde el norte”.
El portaaviones USS Gerald Ford sigue avanzando hacia el Pacífico oriental. Su escolta incluye dos destructores de la clase Arleigh Burke, un submarino de ataque y cuatro cazas F-35C. Su misión oficial: “mantener la estabilidad regional”. Su presencia, sin embargo, coincide con la primera vez que México ha permitido el despliegue de fuerzas estadounidenses en aguas que, según su Constitución, son “de jurisdicción exclusiva”.
En la costa de Jalisco, pescadores hablan de una lancha que desapareció hace tres días. Sin nombre. Sin bandera. Con una carga de cocaína que nunca llegó a puerto. Nadie sabe si era una de las cuatro. Nadie sabe si el único que sobrevivió, ahora en manos de la Marina mexicana, es un criminal… o un testigo.