El régimen de la administración de Donald Trump, que ha sido crítico con las políticas de inclusión, propone que cualquier menor transgénero que reciba atención bajo los programas federales de salud pierda la posibilidad de obtener reembolsos. Según la propuesta, la cobertura del Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) y los fondos de Medicare y Medicaid dejarían de aplicarse a tratamientos de afirmación de género cuando el paciente sea menor de 18 años.
La medida, que se espera que entre en vigor en noviembre, también contempla que los hospitales públicos no reciban fondos para ofrecer servicios diseñados para la transición de género, como terapias hormonales o intervenciones quirúrgicas de apoyo. De acuerdo con un funcionario del Centro de Servicios de Medicare y Medicaid, la normativa podría estar lista para su implementación en los próximos días.
Especialistas en salud mental y derechos civiles han reaccionado con alarma. “Estamos ante una política que no solo limita el acceso a la atención, sino que también estigmatiza a un grupo de jóvenes que dependen de la intervención temprana para su bienestar”, explicó la Dra. Leticia Salazar, psicóloga clínica y defensora de los derechos trans. “La evidencia muestra que la falta de tratamiento puede tener consecuencias graves a largo plazo”.
A nivel estatal, 27 jurisdicciones ya han prohibido la atención pediátrica de afirmación de género. Esta tendencia se alinea con la agenda de la administración de Trump, que, desde su regreso al poder, ha impulsado una serie de órdenes ejecutivas que restringen el financiamiento de procedimientos de cambio de sexo y han generado un ambiente de incertidumbre para las comunidades trans.
Entre los críticos, la Asociación Nacional de Médicos Trans, que cuenta con más de 3,000 profesionales en todo el país, ha pedido que se reviertan las disposiciones antes de que se conviertan en ley. “El acceso a la atención de afirmación es un derecho humano básico”, señaló el portavoz del grupo, Alan Ruiz. “Los gobiernos deben garantizar la protección y el respeto de todos los ciudadanos, independientemente de su identidad de género.”
El debate se intensifica a medida que la fecha de entrada en vigor se acerca, y las voces de la comunidad trans y sus aliados continúan presionando por la protección de sus derechos a nivel federal. La cuestión de cómo equilibrar la autonomía de los padres, la voluntad del Estado y la salud de los jóvenes permanece en el centro de esta controversia.