Dos jueces federales, el Juez John McConnell de Rhode Island y la Jueza Indira Talwani de Boston, ambos designados durante la administración de Barack Obama, han emitido órdenes que obligan al Departamento de Agricultura a recurrir a los fondos de contingencia de emergencia para cubrir parcial o totalmente los pagos de los Beneficios de Alimentos Suplementarios (SNAP) en noviembre.
El programa, que cuesta entre US$ 8.000 millones y US$ 9.000 millones al mes, se enfrenta a un recorte potencial mientras el gobierno federal permanece cerrado. Los jueces sostienen que, aunque el fondo de contingencia de US$ 5.300 millones no cubre el total de los pagos de noviembre, el USDA puede acceder a una reserva adicional de casi US$ 17.000 millones para evitar cualquier reducción en los beneficios.
El presidente Donald Trump ha reaccionado a la orden, sugiriendo que el gobierno podría continuar financiando la ayuda alimentaria más allá del 1 de noviembre, y criticando a los demócratas por no colaborar en la reapertura del gobierno. “Siempre hay” afirmó, antes de subrayar que la solución sería que los demócratas voten para reabrir el gobierno.
Mientras tanto, los estados han detenido el proceso de emisión de beneficios para noviembre tras recibir una carta del USDA el 10 de octubre. Cada estado debe enviar la información de los inscritos a los proveedores antes de que comience el nuevo mes, y el retraso en el envío ha provocado que los pagos se realicen en un cronograma escalonado.
El caso, presentado por una coalición de fiscales generales, gobernadores demócratas, ciudades y organizaciones sin fines de lucro, sigue generando debate sobre la viabilidad de mantener el programa sin la financiación adecuada. La decisión judicial surge en un momento en que el cierre del gobierno se acerca a su primer mes y los tribunales están siendo convocados para evitar un colapso en los servicios esenciales.
El futuro de los beneficiarios de SNAP dependerá de la rapidez con la que el USDA implemente la transferencia de fondos y de la respuesta legislativa a la crisis de financiación que amenaza con desestabilizar un programa que apoya a decenas de millones de estadounidenses.