Sin embargo, la entrevista tomó un giro inesperado cuando los periodistas le preguntaron sobre las recientes redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y los videos que han circulado por las redes sociales.
Trump respondió que, según su criterio, “las tácticas no han ido suficientemente lejos”. En sus palabras, la falta de una acción contundente se debe a la interferencia judicial, a la que atribuye “jueces liberales” y, por extensión, a la política de los expresidentes democráticos. “No, creo que no han ido suficientemente lejos porque hemos sido retenidos por los jueces”, afirmó, sin entrar en detalles sobre los casos específicos.
Al ser cuestionado sobre la violencia mostrada en los videos—que incluyen a agentes empujando a una mujer al suelo, el uso de gases lacrimógenos en zonas residenciales y la ruptura de cristales en vehículos—Trump sostuvo que tales medidas son justificadas. “Porque tienes que sacar a la gente fuera”, declaró, añadiendo que muchos de los detenidos son “asesinos”. La declaración resume el argumento central de su campaña de deportaciones masivas: la criminalización de los inmigrantes en términos generales.
La respuesta a la pregunta sobre la deportación de migrantes indocumentados que no poseían antecedentes penales fue evasiva. Trump enfatizó la necesidad de una política clara: “Si entraste en el país ilegalmente, te vas a ir”. No se comprometió a una cifra concreta de deportaciones ni a un hito que marque la “misión cumplida”, citando una cifra de 25 millones de indocumentados sin ofrecer pruebas verificables.
Cuando se le pidió que explicara su postura respecto a los trabajadores esenciales, la conversación tomó otro rumbo. Inicialmente, Trump desacreditó a los jardineros como “criminales”, antes de reformular su argumento y reconocer la imprescindible necesidad de estos profesionales para el sector agrícola.
El episodio, que se transmitió a más de 12 millones de espectadores, refleja la continua división sobre la gestión migratoria en los Estados Unidos. A medida que la polémica se intensifica, el debate permanece abierto: ¿hasta qué punto la política de deportación debe equilibrar la seguridad nacional con los derechos humanos?