A las 10:00 a.m. hora del Este, el juez de primera instancia, D. John Sauer, tomó la palabra como el principal defensor de la postura del gobierno. Con una agenda de cuarenta minutos, Sauer presentó argumentos que intentan justificar la utilización del Acta de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer aranceles que, según la administración, responden a amenazas inusuales y extraordinarias.
Entre los puntos clave de la defensa, la referencia a la cláusula “regular la importación” ha sido el objeto de interrogantes por parte de los jueces. “¿Podemos derivar la imposición de aranceles de esa expresión?”, preguntó el juez Roberts, citando el caso Dames & Moore v. Regan como precedente, pero señalando que el contexto de ese fallo era distinto.
La doctrina de las “preguntas mayores” (major questions doctrine) también se ha convertido en el foco de la discusión. La idea de que el Congreso debe expresar explícitamente la autorización para acciones de gran impacto político o económico se ha usado para bloquear iniciativas de la administración de Biden; ahora los jueces están evaluando si esa doctrina debe aplicarse a la política comercial de Trump.
Los asuntos no se centran únicamente en la jurisprudencia. Por detrás de cada línea de texto, pequeñas y medianas empresas de todo el país han decidido llevar su reclamo al tribunal más alto. Entre ellas se encuentran un fabricante de kits electrónicos de música en Virginia y una importadora de vinos que se ha visto afectada por la incertidumbre que generan los aranceles fluctuantes.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, hizo una aparición rara en la sala del tribunal. Su presencia, solicitada por Trump, subraya la importancia que el ex presidente atribuye a la defensa de los aranceles. “Es una emergencia económica”, afirmó Bessent, reforzando la narrativa de que la política tarifaria es clave para la seguridad nacional.
En un giro que añade complejidad al debate, el presidente Trump no asistirá a la audiencia. Sin embargo, su voz se escucha a través de los argumentos del equipo legal, que describen un posible “catástrofe” económica si la corte falla en contra de la administración.
El juez Kavanaugh, conocido por su postura conservadora, ha expresado que la doctrina de las preguntas mayores no ha sido tradicionalmente aplicada en asuntos de política exterior. Su comentario sugiere que la corte podría ver la utilización de IEEPA como una extensión legítima de la autoridad presidencial, siempre que se trate de cuestiones de seguridad nacional.
Al mismo tiempo, la presencia de la mayoría conservadora en el tribunal y la historia de decisiones a favor de Trump en casos anteriores aumentan la expectativa de que la corte mantendrá su postura de respaldo a la administración en cuanto a la interpretación del poder ejecutivo.
La audiencia, que se ha extendido más allá del tiempo habitual de 80 minutos, se está convirtiendo en un crisol donde la ley, la política y los intereses económicos convergen. Cada respuesta del jurado a las preguntas de los abogados podría sentar un precedente que definirá el futuro de la política comercial en Estados Unidos.
