Entre los rostros de los que esperan, la esperanza es la única constante: la certeza de que, aunque el gobierno esté en pausa, la seguridad alimentaria no debe colapsar. La administración de la Casa Blanca ha decidido, sin embargo, limitar los pagos de la asistencia alimentaria de este mes, reduciendo los beneficios que recibían los beneficiarios de SNAP.
El Juez de Distrito de los Estados Unidos, John McConnell, de Providence, Rhode Island, intervino en una audiencia virtual el jueves, ordenando al Departamento de Agricultura (USDA) que cubra el 100 % de los pagos de SNAP para el mes de noviembre. Según la orden, la administración debe garantizar que los 42 millones de estadounidenses que dependen del programa reciban la ayuda completa, sin recortes por motivos políticos.
McConnell calificó la decisión de la administración de “retener beneficios por razones políticas”, y subrayó que el retraso “causará hambre, sobrecargará los comedores comunitarios y provocará sufrimiento innecesario”. La orden exige que el USDA utilice el fondo de emergencia de 5,25 mil millones de dólares para financiar al menos la mitad de los pagos, aunque la agencia había optado por aplicar solo el contingente, dejando una brecha de 650 millones de dólares.
La apelación de la administración, presentada el mismo día, mantiene la incertidumbre sobre si la totalidad de los pagos se realizará el viernes. La decisión de la Corte, que ocurre en medio del cierre más largo de la historia federal, podría cambiar el curso de la asistencia a los hogares que dependen de SNAP.
El vicepresidente J.D. Vance describió la orden como “una decisión absurda” y sostuvo que el gobierno no debe seguir las directrices de un juez federal para administrar la crisis. Vance enfatizó que la respuesta del gobierno debe basarse en el cumplimiento de la ley y la necesidad de hacer funcionar la administración durante el cierre.
Mientras tanto, los legisladores demócratas critican la falta de voluntad del gobierno para financiar el programa. La Senadora Patty Murray de Washington expresó en redes sociales su indignación, calificando la acción de Trump de “una crueldad tan oscura como la más vil”.
El caso también destaca la brecha en la infraestructura tecnológica estatal. Estados como Minnesota y Pensilvania han señalado que tardarán semanas en actualizar sus sistemas para procesar los pagos reducidos, un proceso que nunca se había hecho antes.
Con el cierre en su 37.º día, la presión sobre las agencias federales y los ciudadanos continúa aumentando. Mientras el proceso judicial se desarrolla, las comunidades locales y los beneficiarios de SNAP aguardan una respuesta que, según la orden del juez, debe llegar antes del fin de semana.
