La orden, difundida por la organización KFF Health News el 7 de noviembre de 2025, detalla que se incluirán condiciones médicas que podrían generar una carga pública, entre ellas la obesidad, la diabetes y otras enfermedades crónicas.
Según la nueva directriz, los funcionarios de embajadas y consulados deberán valorar si un solicitante “puede requerir atención médica costosa y prolongada” y si dispone de los recursos necesarios para cubrir dichos gastos sin recurrir a la asistencia gubernamental. Se indica además que la edad avanzada del solicitante y la salud de sus familiares, especialmente hijos y padres mayores, serán factores determinantes para la decisión.
El marco regulatorio se inscribe en la continuidad de la política de la administración Trump, que ya había enfatizado la necesidad de impedir que los nuevos residentes se convirtieran en una carga para el Estado. De hecho, la Casa Blanca de la era Biden (2021‑2025) había revocado varias de estas normas, pero la nueva orden reaviva la postura restrictiva sobre la “carga pública” y la salud del inmigrante.
Con esta medida, los solicitantes que cumplan con los criterios de obesidad, diabetes u otras afecciones crónicas podrían quedar excluidos de la posibilidad de obtener una residencia permanente, lo que plantea un debate sobre la equidad y la salud pública en el contexto de la migración internacional.
