Este movimiento, que sigue a una fase de deliberación durante el fin de semana, otorga al gobierno de Donald Trump herramientas legales adicionales para intensificar la presión sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro.
Según el secretario de Estado, Marco Rubio, “existen suficientes pruebas para determinar” que el grupo cumple con los criterios establecidos por la Ley de Migración y Nacionalidad. Rubio sostuvo que la organización está “dirigida por Maduro y otros altos funcionarios que han corrompido el Ejército, la inteligencia, la legislatura y el poder judicial de Venezuela”.
Venezuela respondió de inmediato, calificando la designación como “ridícula patraña” y “infame y vil mentira” que, según Caracas, pretende justificar una intervención ilegítima e ilegal. El gobierno afirman que la medida busca derrocar al presidente y apropiarse de las reservas petroleras del país.
El listado de FTOs de Estados Unidos incluye ahora grupos islamistas, separatistas, guerrillas, pandillas y organizaciones de la droga de México y Colombia. Los expertos señalan que la nueva declaración abre vías para sanciones militares y económicas adicionales, mientras que Washington defiende su despliegue como medida para detener el tráfico de drogas hacia Venezuela.
Desde la última campaña de ataques, la Armada estadounidense ha registrado al menos 83 personas como presuntos narcotraficantes en aguas del Caribe y del Pacífico, según cifras públicas de la AFP. El gobierno venezolano denuncia estos asaltos como “ejecuciones extrajudiciales” y señala la falta de pruebas que vinculen a los atacados con el narcotráfico.
El Departamento de Justicia, en paralelo, reconoció formalmente la existencia de esta organización que, según los registros, incluye a Diosdado Cabello, ministro del Interior y aliado cercano de Maduro.